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Defienden juzgadores resolución que liberó a 8 militares

Asociación de juzgadores rechazó que 8 militares ligados con caso Ayotzinapa recibieran ventaja indebida al obtener su libertad provisional

Foto: Agencia Reforma.Defienden juzgadores resolución que liberó a 8 militares

CIUDAD DE MÉXICO.-La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) rechazó que los 8 militares implicados en el caso Ayotzinapa recibieran una ventaja indebida al obtener su libertad provisional, como lo afirmó la Fiscalía General de la República (FGR).

 En respuesta al comunicado difundido ayer por la FGR, la asociación que representa a más de mil 500 impartidores de justicia del País respaldó a la juez y los magistrados federales que dictaron el cambio de medida cautelar en favor los soldados.

 "Las 8 personas pertenecientes a las fuerzas armadas no han sido exoneradas; la formal prisión que se dictó en su contra por el delito Desaparición Forzada de Personas, sobre los hechos del 'caso Ayotzinapa', está vigente y deberán continuar con el proceso, hasta que se decida si son culpables o inocentes", dijo la JUFED.

 "La resolución del pasado 20 de enero de 2024, tomada por la Jueza Segunda de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México es que deben continuar con el proceso, pero en libertad provisional.

 "Así, esta Directiva Nacional informa que todas las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales involucradas no otorgaron una ventaja indebida a esas 8 personas, antes bien, se realizaron con apego a la Constitución, Tratados Internacionales y Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin comprometer los derechos de las víctimas ni las facultades de la Fiscalía".

 Para respaldar su respuesta, la asociación civil dio a conocer la versión pública del fallo del Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, en el que ordenó llevar a cabo una nueva audiencia para dictarle a los militares una medida cautelar distinta a la prisión preventiva de oficio.

 El pasado domingo, la Fiscalía criticó el fallo de Raquel Ivette Duarte Cedillo, Juez Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, quien concedió a los militares llevar en libertad su proceso, al estimar que ya no existe el riesgo de que puedan darse a la fuga.

 También criticó a los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, del citado tribunal colegiado, por ordenarle a la juez Duarte el cambio de medida cautelar.

 "La FGR, rechaza de manera tajante la determinación de la Jueza (...) y de los Magistrados del tribunal colegiado correspondiente (...) que, en una secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y para la protección de las víctimas, le fueron concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen, y desconocieron las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada para 8 miembros de las Fuerzas Armadas quienes fueron acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa", dijo la FGR.

 La JUFED explicó que, a través de una demanda de amparo, los militares consiguieron una suspensión definitiva para que se realizara la audiencia de modificación de la prisión preventiva. El fundamento de la resolución es una jurisprudencia obligatoria que señala que dicha medida cautelar es contraria a los tratados internacionales.

 "Contra esa resolución, el fiscal no se inconformó; en cambio, las 8 personas sí", dijo el organismo.

 El tribunal colegiado confirmó el fallo de primera instancia en una sesión del pleno a la que las víctimas no asistieron, a pesar de estar debidamente notificadas, y en cumplimiento a esa determinación la juez Duarte concedió la libertad provisional, expuso la asociación civil.

 Puntualizó que la liberación de los soldados no es definitiva porque la FGR y las víctimas pueden apelarla y en caso de que esta impugnación les fuera adversa, las víctimas tendrían el derecho de acudir al juicio de amparo.

 "Si la Fiscalía o las víctimas consideran que, con el comportamiento que observen esas 8 personas en libertad provisional a partir del sábado 20 de enero de 2024, se genera peligro de que se fuguen, de que hay riesgo para las víctimas o los testigos o de que se ponga en riesgo la buena marcha del proceso, podrán solicitar nueva audiencia para que, si lo justifica, sean sometidas de nuevo a prisión preventiva", precisó la JUFED.



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