Caso Ayotzinapa trastocó los planes para reivindicar los Acuerdos de San Andrés
Noviembre 05, 2015 -
A unos meses de que se cumplan 20 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que Ernesto Zedillo desconoció, existen condiciones políticas y el compromiso expreso del presidente Enrique Peña Nieto para honrar ese pacto con los pueblos indígenas, que sufren la misma miseria que provocó la rebelión armada. Al hacer este diagnóstico, el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, revela que el año pasado el gobierno había encauzado el proceso de cumplimiento de esos acuerdos, pero la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa modificó los planes y ahora se pretende su relanzamiento
México, D.F.
Y luego, el 22 de septiembre de 2014, Peña Nieto prometió, ante la Asamblea General de la ONU, armonizar las leyes nacionales “siguiendo el espíritu de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en consulta con los pueblos indígenas, pueda monitorear, evaluar y mejorar la aplicación de esta declaración en cada Estado miembro”.
Martínez Veloz, quien como presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) firmó también los Acuerdos de San Andrés, el 16 de febrero de 1996, afirma que el programa sectorial de la Segob y el discurso de Peña ante la ONU son “la fuente fundamental” para la elaboración del anteproyecto de reforma constitucional que honre ese pacto.
“Son compromisos públicos y son compromisos institucionales”, puntualiza el comisionado del gobierno, quien asegura que los integrantes de la Cocopa, que atestiguaron la firma de los Acuerdos de San Andrés, se han reunido dos veces este año para respaldar el anteproyecto que –dice– “rescata los contenidos de los Acuerdos de San Andrés, la iniciativa elaborada de la Cocopa, e incorpora los conceptos del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y de la ONU”.
A excepción de Luis H. Álvarez, quien no asistió por enfermedad, los panistas Rodolfo Elizondo y Benigno Aladro, el perredista José Narro, los priistas Marco Antonio Michel y Oscar López Velarde, así como el secretario de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, han discutido estrategias para que por fin se cumplan los Acuerdos de San Andrés.
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–¿Realmente el año pasado se perfilaba esa armonización legislativa?
–La declaración del presidente en las Naciones Unidas es una expresión que, desde nuestro punto de vista, nos abría el panorama para impulsar una iniciativa de esta naturaleza. El titular del Ejecutivo estableció en el máximo órgano internacional un compromiso de esta envergadura. Desgraciadamente, cuatro días después se dan los hechos de Iguala.
Y subraya: “El compromiso que establece el presidente en la ONU ya no es un acuerdo en lo oscurito, tras bambalinas, es una definición amplia. Naturalmente, si no hubiera cumplimiento de estos compromisos, todos los que estamos en el gobierno, incluyéndome, estaríamos retando a la historia: todos nos van a criticar y a evidenciar”.
LA TRAICIÓN ZEDILLISTA
Y PANISTA
Y es que Martínez Veloz prevé la oposición de los mismos actores políticos que, hace dos décadas, rechazaron la autonomía indígena con el argumento de que atentaría contra la unidad nacional y habría una balcanización, como alegó el entonces presidente Zedillo para incumplir los acuerdos firmados por su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet.
“Zedillo nos planteaba que la iniciativa iba a balcanizar el país, a fragmentar la unidad nacional, y después aparece como empleado de una empresa de ferrocarriles que él privatizó, inaugurando un esquema que ha sido dañino para el país y que le quita legitimidad a muchas reformas que, siendo necesarias, la gente las ve con reserva porque quienes las han promovido, en muchos casos, pasan a formar parte de las empresas que fueron beneficiarias.”
La cúpula del PAN también se opuso hace dos décadas a la autonomía de los pueblos indígenas, con el litigante Diego Fernández de Cevallos al frente, y luego los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón rechazaron cualquier reconocimiento.
–¿Prevé que los panistas se vuelvan a oponer ahora?
–Claro. Nada más que hoy ya tenemos hechos reales que demuestran cuáles eran los propósitos escondidos de aquella oposición. Los que decían que la iniciativa iba a fragmentar la unidad nacional son los que entregaron, de forma irresponsable, millones de hectáreas a empresas mineras.
Basado en cifras oficiales, Martínez Veloz informa que en el territorio nacional hay 36 millones de hectáreas concesionadas a empresas mineras, nacionales y extranjeras, 32 millones de las cuales las entregaron los dos gobiernos del PAN: Fox, 8 millones; Calderón, 24 millones.
Expone que, mientras hubo “toda una estrategia para fortalecer a grupos económicos nacionales y extranjeros”, no se construyeron mecanismos para hacer justicia a la población indígena, que en los hechos padece las condiciones que motivaron el alzamiento armado.