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Vulnera ‘acuerdazo’ el derecho a información

Se argumenta que el Ejecutivo no tiene atribuciones para catalogar obras como de seguridad nacional

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través de su representante jurídico Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar, presentó de manera formal, como ya había anunciado, una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el llamado “decretazo o acuerdazo” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Acuerdazo de AMLO vulnera el derecho a la información”.Vulnera ‘acuerdazo’ el derecho a información

“El titular del Poder Ejecutivo Federal no tiene atribuciones para ordenar a la Administración Pública Federal el desacato a las normas que regulan el desarrollo y realización de proyectos como los que refiere el acto impugnado, ni mucho menos catalogarlos como de seguridad nacional e interés público que son presupuestos normativos para la reserva de la información”, establece el documento.

Se agrega que el catalogar las obras como “de seguridad nacional”, es acto que más allá de su inconstitucionalidad “provoca indudablemente inseguridad, incertidumbre e impredictibilidad jurídica”.

Las y los comisionados del Inai aclaran que el Instituto no pretende que se suspendan las obras o proyectos de infraestructura, sino que, por el contrario, consideran que se trata de asuntos de la mayor relevancia nacional.

‘DECRETAZO’

No invade competencias del Senado: Olga Sánchez

Al explicar su decisión de no controvertir el acuerdo presidencial que blinda las obras de infraestructura del gobierno por considerarlas de interés público y seguridad nacional, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el llamado “decretazo” no vulnera las competencias ni intereses de la cámara alta.

En la sesión plenaria de este martes, la ministra en retiro hizo pública su opinión jurídica para no promover una controversia constitucional para impugnar este acuerdo.

Argumentó que un acuerdo es diferente a un decreto, porque se trata de un acto administrativo que incide en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, cuyos efectos se producen dentro de la propia estructura interna.

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