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Van por 109 ha para Santa Lucía

Servirán para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Civil y Militar General Felipe Ángeles en Santa Lucía

Ciudad de México.

Van por 109 ha para Santa Lucía

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inició el procedimiento para la eventual expropiación de 109 hectáreas para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Civil y Militar General Felipe Ángeles en Santa Lucía.

Publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación, la Declaratoria de Causa de Utilidad Pública, establece que los terrenos son propiedad de los ejidos de Santiago Atocan y Xaltocan, en el municipio de Nextlalpan, y el  Ejido de San Lucas Xoloc, en el municipio de Zumpango.

La superficie a expropiar, 22 parcelas más una franja y un polígono, indica la declaratoria firmada por el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, es necesaria para el amortiguamiento acústico, seguridad, infraestructura aeroportuaria y servicios complementarios y de interconexión de la nueva terminal aérea.

"Los bienes inmuebles que se pretenden adquirir, tienen la naturaleza jurídica de propiedad privada y son los más apropiados e idóneos para la construcción y el funcionamiento integral del Aeropuerto Internacional Civil y Militar General Felipe Ángeles, toda vez que los mismos reúnen las características específicas que se requieren para este tipo de infraestructura", refiere.

El documento señala que están acreditadas las causas de utilidad pública pues se está construyendo una terminal aérea civil y militar que permitirá realizar aproximadamente 190 mil operaciones aéreas anuales y que atenderá a unos 20 millones de pasajeros cada año. 

Constituye obra pública

"La construcción del citado aeropuerto constituye una obra pública destinada directamente a la prestación de un servicio público a cargo del Estado en beneficio de la sociedad, aunado a que se trata de una función estatal prioritaria", apunta.

La Declaratoria de Causa de Utilidad Pública es un paso previo al inicio del procedimiento administrativo en el que se da audiencia a los afectados, antes de la expropiación propiamente dicha, que se realiza por decreto del Ejecutivo federal y debe incluir los montos de las indemnizaciones.


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