Urge modernizar el ascensor social

¿Puede ser justa y eficiente una sociedad en la que la posición que ocupamos en el mercado de trabajo depende fundamentalmente de nuestro origen familiar? Si las perspectivas de cualquier persona de encontrar un empleo, la calidad de la ocupación, el estado de salud y otras dimensiones importantes del bienestar, están estrechamente relacionadas con cómo era la situación socioeconómica de su hogar durante su infancia, es difícil que un país progrese, tanto en términos económicos como sociales.

La falta de movilidad social entre generaciones no sólo es una manifestación de desigualdad e injusticia social, sino que limita también la mejora de la productividad y el crecimiento económico de un país. Implica que el talento de un segmento amplio de la sociedad no puede dar sus frutos potenciales, anula las posibilidades asociadas de emprendimiento creativo y reduce el rendimiento de la inversión en capital humano no sólo individual sino del conjunto de la sociedad que ha financiado el acceso a servicios públicos universales. Esta pérdida de eficiencia se añade a los costes sociales que supone la concentración permanente de rentas en un reducido segmento de la población que se beneficia de las ventajas relacionales vinculadas al estatus social.

El estudio de la movilidad social ha sido un campo más frecuentado por los sociólogos que por los economistas, que, aunque con interés creciente, sólo lo han abordado recientemente. La disponibilidad de más y mejores datos, sobre todo los que permiten comparar las experiencias de distintos países, ha propiciado un mejor conocimiento de la naturaleza y alcance de estos procesos. Recientemente, la OCDE ha publicado el informe A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility. Este informe, junto a otros estudios recientes, nos permite entender mejor las tendencias recientes en este ámbito, así como la singularidad de algunos rasgos de la situación en España.

Los datos que ofrece la OCDE no invitan al optimismo. En todos los países la transmisión de la ventaja social a través de las generaciones es una realidad conocida. Tener un buen origen familiar en términos educativos y económicos sigue determinando claramente poder alcanzar un alto nivel de estudios y, sobre todo, una mejor situación laboral. Esta ventaja no se ciñe al ámbito ocupacional, sino que el hecho de haber crecido en familias con recursos económicos escasos es también un buen predictor de tener, por ejemplo, un peor estado de salud.

La información más reciente apunta a cierto freno en el proceso de pérdida de peso del origen familiar en la explicación de los niveles de bienestar social. Este estancamiento parece estar ligado a la contención de la inversión en algunas de las políticas más importantes para la igualdad de oportunidades. Los resultados de competencias educativas siguen mostrando un rendimiento más de un 20% mayor en el caso de los hijos que proceden de las familias con mayor nivel educativo. Esa desventaja no solo significa una menor expectativa salarial, sino también una menor esperanza de vida, con una diferencia de hasta ocho años en el caso de los varones. En promedio, cuatro de cada diez personas cuyos padres tenían un bajo nivel educativo lo siguen teniendo hoy y sólo una de cada diez completa los estudios universitarios. En una proporción todavía importante, los hijos de trabajadores manuales continúan hoy con un trabajo de esas características, lo que supone una importante quiebra en el proceso continuado de movilidad laboral ascendente de las últimas décadas.

Las diferencias de resultados entre países son notables. Dentro de la Unión Europea, la movilidad social es mucho mayor en los países nórdicos que en los continentales y, sobre todo, que en los mediterráneos. Para estos últimos encontramos un mejor comportamiento en los salarios que en las ocupaciones. A este respecto, los datos de España son reveladores. Mientras que en la OCDE el porcentaje de directivos cuyos padres eran trabajadores manuales es casi uno de cada cuatro, en España no llega a uno de cada cinco. La mitad de los hijos de trabajadores manuales mantienen ese estatus en España y en la OCDE sucede solo en un tercio de los casos.

Al nivel actual de movilidad intergeneracional, una persona que naciera hoy en nuestro país en una familia de bajos recursos económicos necesitaría al menos cuatro generaciones para llegar al nivel medio de renta de la sociedad. Además, los niveles de movilidad ascendente son claramente inferiores a los de la mayoría de los países de la OCDE y han empeorado desde los años noventa. Especialmente ilustrativo es lo que sucedió durante la crisis. Con datos especialmente ricos de la Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida para definir el origen familiar, encontramos que la ventaja social permitió a los hijos procedentes de familias con mayores recursos afrontar mejor los reveses económicos de esa etapa. En personas con un mismo nivel educativo, el origen social fue determinante de la calidad de su empleo y salario, lo que condena a capas amplias de la población trabajadora a empleos más inseguros, peor pagados y con peores prestaciones asociadas.

Quebrar esta inercia es un requisito imprescindible para modelar una sociedad más justa y eficiente. Necesitamos incorporar criterios amplios de equidad al conjunto del sistema económico, desde sus cimientos. Las ventajas sociales intergeneracionales no pueden contemplarse como algo estructural y ajeno al diseño de la intervención pública. Quedan todavía amplios márgenes para favorecer la movilidad social a partir de políticas públicas que contribuyan, a su vez, a mejorar nuestro sistema de aseguramiento ante los cambios de ciclo económico. La ecuación no es compleja: los países que en décadas anteriores gastaron más y mejor en educación pública, en redes fuertes de protección social para las familias y, además, promovieron la inclusión frente a la segregación educativa, son los que más consiguieron suavizar el efecto de la ventaja por origen social.

* Luis Ayala es profesor de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos y Olga Cantó es profesora de Economía en la Universidad de Alcalá