En el limbo, alumnos migrantes sin papeles

Para varios expertos, la forma en que se implementó la eliminación de la ley ha sido caótica.

HOUSTON, Texas.- José Luis se crió como texano, aunque legalmente nunca lo ha sido. Tiene 20 años y lleva 16 viviendo en Texas. Llegó con sus padres desde México cuando era un niño de cuatro. Su padre consiguió trabajo en la construcción, su madre limpiando casas. Él aprendió inglés mejor que español: "Me siento de aquí, pero sin papeles no tengo las mismas oportunidades". Eso lo ha obligado a esforzarse el doble. Quería ser licenciado en Computación para fusionar, dice, tecnología, política y leyes. Le fue bien durante cuatro semestres. Ahora está en su casa viendo qué hacer. Su vida quedó en pausa desde que el Estado eliminó el Texas Dream Act, una ley que permitía a los estudiantes indocumentados pagar una matrícula menor en las universidades, en lugar de las altas que pagan los estudiantes extranjeros, y pedir becas para abaratar costos.

José Luis no es su nombre real. Pide ocultarlo por miedo a la política antiinmigrante de la Administración Trump. También el nombre de la universidad a la que asistía, pero sí cuenta que es una institución de mayoría hispana donde, dice, se sentía "más confiado". El hecho de ser indocumentado también influyó en la carrera que eligió, que le da la oportunidad de ganarse la vida como contratista independiente, con su ITIN (un número fiscal que permite a personas sin Seguro Social declarar impuestos en Estados Unidos). De hecho, pudo cubrir parte de sus gastos en la escuela trabajando como community manager.

Su limbo comenzó en junio pasado, cuando un fallo judicial acabó con la ley aprobada en 2001 por el entonces gobernador republicano, Rick Perry. Gracias a ella, miles de jóvenes indocumentados podían acceder a la matrícula estatal si habían cursado al menos tres años en el Estado y firmaban el compromiso de buscar la residencia legal. En el caso de José Luis, su universidad costaba alrededor de 10.000 dólares (unos 8.500 euros) por semestre. Entre becas privadas, ayudas estatales y la tarifa reducida del Texas Dream Act, solo tenía que pagar de su bolsillo la habitación donde dormía y sus gastos personales.

Al comienzo del verano, sin embargo, el Departamento de Justicia demandó a Texas bajo el argumento de que la ley era inconstitucional, porque otorgaba beneficios a estudiantes indocumentados que no recibían los ciudadanos estadounidenses de otros Estados. En cuestión de horas, el fiscal general del Estado, el republicano Ken Paxton, respaldó esa postura. Luego, el juez federal Reed O´Connor concluyó que el Texas Dream Act violaba la Constitución y la derogó.

Unos 57.000 estudiantes, casi el 8% de los matriculados en las universidades públicas de Texas, perdieron la posibilidad de pagar la rebajada tasa estatal. José Luis recuerda que cuando su mamá se enteró de la noticia, le dijo: "Revisa TikTok, acabo de ver algo sobre las becas". "No le hice mucho caso, pero al otro día me empezaron a llegar mensajes de mis compañeros: ´¿Qué vamos a hacer?´ Y ahí me preocupé".

Su universidad le envió un correo electrónico: "En preparación para el comienzo del semestre de otoño, nos comunicamos con usted para notificarle un posible cambio en su clasificación de residencia que puede afectar su tarifa de matrícula y ayuda financiera para el año académico 2025-2026". "Para mantener la consideración de matrícula dentro del Estado, envíe prueba de presencia legal en los Estados Unidos a la Oficina del Registrador. Si no se proporciona la documentación necesaria, su estatus volverá a No Residente de Texas para propósitos de matrícula, y su matrícula y paquete de ayuda financiera serán ajustados en consecuencia", añadía la misiva.

LAS PERDIDAS MILLONARIAS

En 2021, los beneficiarios del Texas Dream Act aportaron 81,6 millones de dólares en matrícula y tarifas a las universidades públicas. El American Immigration Council calcula que la derogación le costará al Estado unos 461 millones de dólares anuales en pérdidas de actividad económica y salarios. "La orden del Departamento de Justicia, aprobada sin el debido proceso, genera una gran incertidumbre tanto para los estudiantes como para las universidades afectadas. Mientras los estudiantes se preparan para asistir a la universidad en otoño, la inacción del Departamento de Justicia y del fiscal general para defender la ley pone en peligro su capacidad para pagar la matrícula y, de repente, su sueño de obtener una educación superior", advirtió la ACLU en un comunicado.

Mientras tanto, José Luis está pensando en cómo seguir estudiando. Trabaja aquí y allá, ahorra lo que puede. Sus padres le han sugerido regresar a México, pero él no quiere: "Allá no tengo nada, ni siquiera conozco ese país. Además, si salgo, no sé si podría volver".