Violencia por prejuicios va en aumento en el país

Los informes subrayan que, pese a los progresos en materia de derechos humanos, persisten altos niveles de agresiones físicas y psicológicas.

 El asesinato de Bryan Nicolás Vicente Salinas no es un hecho aislado en México, y Tamaulipas. La violencia contra la diversidad sexual ha dejado una estela de muertes en el estado que, en muchos casos, pasan inadvertidas. 

En la entidad se han documentado al menos 75 homicidios de personas de la comunidad LGBT++, una cifra que la coloca entre los estados con mayor riesgo para quienes viven una orientación sexual o identidad de género diversa.

Los informes anuales sobre muertes violentas de personas LGBT+ en México, elaborados por organizaciones civiles como Letra, Sin Violencia LGBTI, y Arcus Fundation revelan que la ausencia de un registro oficial por parte del Estado para dimensionar este tipo de ataques.

Estos reportes advierten que la violencia motivada por prejuicios va en aumento en el país y que Tamaulipas forma parte de ese escenario.

La mayoría de las víctimas son hombres homosexuales o percibidos como tales; sin embargo, al analizar la incidencia en proporción al tamaño de cada grupo, las mujeres trans resultan las más afectadas. 

En muchos de los casos, los cuerpos son localizados en la vía pública o abandonados en terrenos baldíos, canales, ríos o predios, una constante que refleja la brutalidad y el desprecio con el que se cometen estos crímenes.

Las cifras coinciden con lo revelado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la Encuesta sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, donde se documenta que las personas con diversidad sexual suelen enfrentar acoso y violencia desde edades tempranas, motivados por su forma de vestir, hablar, expresarse o comportarse.

Organizaciones civiles advierten que 59.3% de las personas LGBT+ ha sido amenazada o víctima de algún tipo de violencia sexual o psicológica al menos una vez en su vida. 

Entre las agresiones más recurrentes se encuentran propuestas sexuales a cambio de dinero, humillaciones, insultos, mensajes ofensivos, tocamientos sin consentimiento e incluso la obligación de mantener relaciones sexuales.

A pesar de la gravedad de los datos, los informes no precisan en qué municipios de Tamaulipas se concentra la mayor cantidad de homicidios, lo que evidencia una falta de información oficial que permita dimensionar con exactitud el problema y diseñar políticas públicas focalizadas.

Además, algunas muertes de mujeres lesbianas son clasificadas únicamente como feminicidios, sin considerar su diversidad sexual, lo que invisibiliza el componente de odio.

En el 2024 se registraron tres casos; en 2022 otros cuatro, en 2021, dos; en el 2019 dos más, y en el periodo del 2013 al 2018 se acumularon 25 expedientes; mientras que de 1995 al 2012 se sumaron 39 casos.

Estas cifras han sido recopiladas, desde 1995, por la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia (CCCCOH), creada por la asociación civil Letra S ante la falta de un sistema oficial de registro en México. 

El objetivo, señalan, no es sustituir la responsabilidad del Estado, sino visibilizar una violencia que permanece en la sombra y aportar información para la denuncia y la acción comunitaria.

A nivel nacional, 2024 fue uno de los años más violentos para las poblaciones LGBT+, con al menos 80 asesinatos documentados. 

En los últimos tres años se han registrado 233 homicidios, con un aumento del 20% en 2024 respecto al año anterior. 

En este contexto, el asesinato del regidor de Reynosa, Brian Nicolás Vicente Salinas, ocurrido recientemente en la Ciudad de México, reavivó la discusión sobre la violencia que enfrenta la comunidad gay. 

El funcionario fue hallado sin vida en un departamento al que había acudido para participar en un encuentro relacionado con la comunidad LGBT++; pese a que cámaras de seguridad captaron a sujetos que huyeron en un vehículo gris, abandonado posteriormente en la alcaldía Gustavo A. Madero, la Fiscalía logró una vinculación a proceso por delitos contra la salud y cohecho, no por homicidio, lo que generó cuestionamientos sobre el acceso a la justicia.