Inicia evaluación de jueces del nuevo PJ
57 juezas y jueces comenzaron su proceso formal, lo que representa el 38.78% de las personas juzgadoras que asumieron funciones el 1 de octubre
Poder Judicial del Estado (PJE) inició el proceso formal de evaluación.
Un total de 57 juezas y jueces del nuevo Poder Judicial del Estado (PJE) iniciaron su proceso formal de evaluación, lo que representa el 38.78 por ciento del total de 147 personas juzgadoras que tomaron posesión el pasado 1 de octubre.
El procedimiento de evaluación se desarrollará del 12 de enero al 10 de septiembre de 2026, como parte del nuevo esquema de supervisión aprobado por el Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que entró en funciones derivado de la reforma al Poder Judicial estatal.
Según el acuerdo avalado por el Pleno del Tribunal, la revisión del desempeño judicial será integral y no se limitará únicamente a la productividad o al número de resoluciones emitidas, sino que incluirá aspectos jurisdiccionales, administrativos, éticos, psicológicos, médicos y socioeconómicos de las personas juzgadoras.
Este bloque forma parte del primer esquema de evaluación al que se sujetarán todos los nuevos jueces y magistrados de Tamaulipas, para determinar si a pesar de ganar en las urnas son aptos para ocupar un cargo de ese nivel jerárquico.
El modelo de evaluación establece tres ejes de análisis, siendo el primero a la función jurisdiccional, donde se revisará que las resoluciones se dicten dentro de los plazos legales, que sean congruentes con la normatividad vigente y con los criterios jurisprudenciales, y que mantengan coherencia con el propio criterio del órgano jurisdiccional.
En este apartado también se evaluará el desempeño en audiencias, considerando la conducción procesal, el trato a las partes, el manejo del tiempo, el uso adecuado del lenguaje jurídico y el respeto a los principios de oralidad, así como el cumplimiento de fechas y horarios programados.
El segundo bloque se enfoca en el aspecto administrativo, que abarca desde el cumplimiento de horarios laborales y la permanencia en el área de trabajo, hasta la organización interna de los juzgados, la supervisión del personal y la correcta administración de los recursos humanos y materiales, con el objetivo de evitar rezagos en los expedientes.
El tercero está orientado a detectar posibles riesgos éticos, psicológicos o de conducta que puedan incidir en el ejercicio de la función judicial.
Estas evaluaciones incluyen pruebas psicométricas y de ética, estudios socioeconómicos y valoraciones psicológicas a cargo del Centro de Convivencia Familiar, así como evaluaciones médicas realizadas por instituciones públicas o aquellas que determine el propio Tribunal de Disciplina Judicial.
Además, la Escuela Judicial aplicará exámenes teóricos, prácticos y de habilidades en el manejo de audiencias, mientras que también se revisará el historial de sanciones administrativas y la conducta profesional de cada persona juzgadora.
El acuerdo establece que los criterios e indicadores de evaluación se aplicarán conforme a la materia de adscripción de cada juez o jueza, atendiendo las particularidades de cada función jurisdiccional, con el fin de evitar evaluaciones genéricas y garantizar un análisis contextualizado.