Dispara sanciones por opacidad: Suben 413%
Iniciaron 93 procedimientos contra servidores públicos y dependencias por negar o retrasar información oficial en Tamaulipas, señala auditor superior
La Auditoría Superior del Estado advierte que no flexibilizará medidas contra quienes obstaculicen la fiscalización.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) aumentó en 413% las sanciones contra servidores públicos y dependencias por opacidad.
De acuerdo con el auditor superior Francisco Noriega Orozco, en los últimos dos años se han presentado 93 procedimientos sancionadores por falta de información, frente a las 18 sanciones aplicadas en los últimos siete años.
Desde su llegada, dijo, se endureció la política contra la omisión y retraso en la entrega de información oficial.
Explicó que la negativa o entrega incompleta de datos afecta de manera directa el trabajo del órgano fiscalizador, ya que limita la posibilidad de obtener resultados confiables en las auditorías.
"Si no llega la información, el producto final no puede ser de calidad", detalló.
En este contexto, subrayó que cuando la información no llega en tiempo y forma, el resultado final pierde calidad, lo que obliga a actuar contra los servidores públicos omisos aplicando las sanciones que se deben liquidar con sus propios recursos, y no con los de las dependencias donde trabajan.
Las sanciones económicas impuestas por estos incumplimientos suman alrededor de tres millones de pesos, de los cuales cerca de 850 mil pesos ya fueron ingresados a la Secretaría de Finanzas del Estado, como parte del proceso administrativo correspondiente.
Noriega Orozco advirtió que la ASE mantendrá esta línea de acción y no flexibilizará las medidas contra quienes persistan en obstaculizar la fiscalización, al considerar que la rendición de cuentas depende de la entrega completa y oportuna de la información.
Precisó que las multas no se han concentrado en un solo nivel de gobierno, sino que han alcanzado tanto a entes municipales como estatales, como parte de una estrategia para reforzar la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones legales en el manejo de recursos públicos.

