Declara testigo protegido contra diputada “moches”
Mayo 18, 2022 -
De no aprobarse desafuero de Úrsula Salazar, la investigación quedará vigente para cuando termine el cargo
Cd.Victoria, Tam.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas (FECCT) cuenta con un testigo protegido que aporta información en las investigaciones que se siguen en contra de la diputada local Úrsula Salazar Mójica en su proceso de desafuero.
Lo anterior lo dio a conocer el titular de la FECCT, Raul Ramírez Castañeda, luego de acudir a comparecer ante la Comisión Instructora del Congreso de Tamaulipas en dónde se le sigue un proceso para quitar el fuero con el que cuenta la legisladora local morenista.
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Ramírez Castañeda agregó que cuenta con un dictamen pericial de la voz de Salazar Mojica en el que se confirma que si es la voz en el audio que se difundió en redes sociales en el que presuntamente pide incrementar el monto de una factura.
Otro de los documentos con los que cuenta la FECCT es el padrón de proveedores del Cobat institución en dónde presuntamente se registraron los hechos, el documento que acredita que fue funcionaria pública y la denuncia presentada por las ciudadanas, Veronica Juárez, Rosario Vargas y Roxana Luna.
El titular de la UIFT indicó que aún no se le notifica a la legisladora sobre la investigación en su contra ya que cuenta con el fuero constitucional, de hacerlo se le violarían sus derechos constitucionales.
En caso de no ser aprobado en el pleno el proceso de desafuero el fiscal anticorrupción indicó que mantendrán la investigación hasta el 2024 cuando la legisladora finalice su encargo por el cual fue elegida y pierda su fuero.
EL CASO ÚRSULA
- La diputada Úrsula Salazar es acusada de cohecho
- Fiscalía Anticorrupción presentó 11 medios de prueba en su contra
- Entre ellos dos audios donde se escucha pidiendo a un proveedor que “inflara” facturas
- Las llamadas fueron realizadas el 13 t 16 de noviembre de 2018
- En ese tiempo se desempeñaba como jefa de Recursos Humanos Finanzas del Conalep
-Para que su desafuero proceda debe ser aprobado por las 2/3 partes de los diputados que asistan a sesión.