Tamaulipas endurece combate a la extorsión

Centros penitenciarios quedarán bajo control estricto para frenar extorsión.

El combate al delito de extorsión se endurecerá en Tamaulipas con la creación de un Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, el aumento de penas de prisión, la incorporación de agravantes, sanciones severas a servidores públicos que encubran, filtren información o se abstengan de denunciar este ilícito.

Con la expedición de la nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los

Delitos en Materia de Extorsión, se ordenó a la Secretaría de Seguridad habilitar a más tardar junio del 2026 dicho Centro, y a la Fiscalía local crear o adecuar la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión.

El artículo 41 precisa que el objetico del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión será "implementar los mecanismos y procedimientos para la recepción, registro, canalización, atención y seguimiento de denuncias, así como fortalecer la vinculación con la ciudadanía para orientar e informar sobre acciones de prevención".

Entre sus funciones se encuentra fomentar la participación ciudadana, proponer políticas de prevención, coordinarse con instituciones de seguridad pública, privilegiar el uso de medios tecnológicos y aplicar protocolos de atención con perspectiva de género.

La legislación establece que la extorsión será castigada con mayor severidad cuando las víctimas se encuentren en situación de especial vulnerabilidad; en estos casos, la sanción se incrementará de cinco a doce años de prisión cuando el delito se cometa contra personas migrantes, sin importar su condición migratoria, así como contra menores de 18 años, personas en estado de embarazo o mayores de 60 años.

El castigo será aún más severo cuando medie violencia, pues se señala que la pena aumentará de siete a diecisiete años de prisión si en la extorsión se emplea violencia física, si se utiliza violencia física o moral para exigir pagos derivados de hechos de tránsito provocados de manera intencional, o cuando se simulen accidentes o daños a la propiedad con el fin de obtener un beneficio económico.

La ley no solo apunta a los autores materiales del delito, ya que el artículo 19 establece que quien preste auxilio o cooperación al responsable de extorsión enfrentará penas de cuatro a doce años de prisión, además de multas económicas.

En el caso de servidores públicos, las sanciones se agravan, al prever castigos de cuatro a dieciséis años de prisión para quienes divulguen información reservada o confidencial de las investigaciones, o revelen técnicas y procedimientos utilizados para perseguir este delito.

Más aún, el artículo 21 advierte que la persona servidora pública que, teniendo atribuciones en materia de seguridad o justicia, se abstenga de denunciar un delito de extorsión, podrá recibir penas de diez a veinte años de prisión, además de multas.

El marco legal refuerza el control en centros penitenciarios, uno de los principales focos de origen de la extorsión telefónica, como se registró en Reynosa donde 12 personas fueron sorprendidas extorsionando a habitantes de Matamoros.

El artículo 23 establece penas de seis a doce años de prisión para quien introduzca dispositivos electrónicos sin autorización a un penal, y si el responsable es servidor público o defensor, la sanción podrá aumentar hasta en una mitad, además de la destitución e inhabilitación del cargo.

Para las personas privadas de la libertad que posean estos dispositivos, se contemplan penas de tres a ocho años de prisión, mientras que el artículo 37 obliga a las direcciones de los centros penitenciarios a garantizar que las personas sentenciadas por extorsión no tengan acceso a medios digitales.

Una vez conocida la probable comisión del delito, la Policía deberá actuar de inmediato bajo la conducción del Ministerio Público, es decir, se perseguirá de oficio, sin necesidad de una denuncia de por medio. 

El artículo 25 detalla que se podrán realizar perfiles criminales, estudios psicológicos a las víctimas, análisis periciales, consultas a bases de datos y, con autorización judicial, intervención de comunicaciones, cateos, obtención de información financiera y otros actos de investigación.

En paralelo, la ley ordena la aplicación de medidas de protección a víctimas, ofendidos y testigos, que incluyen el resguardo de identidad, la reserva de datos personales, el uso de medios tecnológicos para declarar a distancia y la realización de notificaciones a través de asesores jurídicos o del Ministerio Público.

SIN DERECHO A LIBERTAD ANTICIPADA

Uno de los puntos más estrictos es que las personas sentenciadas por extorsión no tendrán derecho a libertad anticipada ni a beneficios preliberacionales, lo que busca cerrar cualquier posibilidad de reducción de condena. 

Para individualizar la pena, el artículo 33 ordena considerar la conducta del delincuente, el daño físico y psicológico causado, los medios empleados y la edad de la víctima.

La Ley obliga a los alcaldes a participar en la estrategia del combate a la extorsión, y apoyar en todo momento al Estado y la Federación.

El artículo 43 establece que los municipios deben disuadir la extorsión mediante campañas de prevención, reducir factores de riesgo, evitar la victimización, generar información útil para la investigación y definir metas y plazos medibles, con rendición de cuentas y transparencia.

Quedan obligados a participar activamente en la persecución de la extorsión, coordinándose con la Fiscalía, la Guardia Estatal y la Guardia Nacional, para combatir a uno de los delitos de mayor impacto en el país.