buscar noticiasbuscar noticias

Un ‘apartheid’ ecológico en Kenia

Las comunidades indígenas del este de África conviven con la naturaleza en una relación de reciprocidad. Sin embargo, un informe internacional alerta sobre las expulsiones y violaciones de los derechos humanos que sufren los pastores kenianos en las llamadas áreas de conservación

Un rápido rastreo por internet en búsqueda de safaris al gran Masai Mara y otras áreas de exuberante naturaleza en el Este de África da como resultado varias ofertas para visitar una conservancy (o área de conservación de gestión privada o mixta) dentro de alguna reserva nacional keniana. Las propuestas viajeras se ilustran con fotos que muestran a grupos de turistas blancos, encabezados por algún guía armado, o conversando con un sonriente nativo semidesnudo y apenas provisto de un folklórico taparrabos. Son algunos de los excursionistas que integran el contingente de alrededor de dos millones de personas que llegan a Kenia cada año, a alimentar la industria turística del país, quizá con bienintencionada conciencia ambiental, sin saber que los anunciados propósitos de conservación de la naturaleza por parte de sus anfitriones esconden una colisión directa con las prácticas cotidianas y la digna supervivencia de las comunidades locales.

Un hombre masai mira un globo aerostático sobre la sabana.Un ‘apartheid’ ecológico en Kenia

“Cada árbol, cada planta tiene un gran significado y un valor –incluso medicinal– para nuestra comunidad; el ganado está ligado a la pastura en cada estación. Nuestra identidad está en la tierra y por eso nos resulta importante transmitir el conocimiento indígena a las generaciones jóvenes, ya que lo que no está escrito sobrevive en cada uno de los miembros de la comunidad”, en palabras de Major Jillo, del Borana Council of Elders Isiolo (el consejo de mayores del área de Borana, en la región de Isiolo).

Habla Jillo de un trabajo diario, especializado, como la experiencia pastoril de las abuelas, que saben conducir a las cabras casi como compañeras, para evitar que destrocen árboles valiosos, por ejemplo. Este pastor es testigo de un clamor persistente porque se está “matando el conocimiento tradicional” con legislación contraria a sus labores, con menosprecio y paternalismo, según arguyen expertos locales como el conservacionista Mordecai Ogada que, sin embargo, asegura que el modelo hoy “está colapsando”.

Este modelo de conservación, que aparenta adaptarse a los objetivos de organismos como Naciones Unidas, cuyo Convenio sobre la Diversidad Biológica promueve la declaración de áreas protegidas (al menos un 30% del planeta para 2030 es el objetivo), disimula, sin embargo, unos instrumentos de expolio que hacen incompatible la vida de comunidades ancestrales en su propio territorio. Esta es la denuncia que promueve el think tank independiente Oakland Institute –con sede en California– en base a testimonios locales de las violaciones a los derechos humanos que se vienen produciendo desde la aparición de las áreas de conservación, mientras las autoridades kenianas desdeñan las voces nativas.

Safaris con comitiva militarizada

Entre los principales reclamos de estas áreas protegidas, destaca la lucha contra la caza ilegal, por lo que en ellas se autoriza la presencia de comandos privados anticazadores furtivos, con formación y armamento militar, que rastrillan las tierras en colaboración con agencias estatales como Kenya Wildlife Services (KWS). Estos singulares guardaparques se ofrecen como garantía de protección del paisaje y, en especial, de los paradores de lujo de quienes asisten a los safaris.

Paralelamente, la simple existencia de un área de conservación delimitada permite que allí se vuelquen ingentes sumas de dinero provenientes de donantes –tanto públicos como privados– en concepto de ayuda a la salvaguarda de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático, a través de los mecanismos establecidos para el mercado internacional de los créditos de carbono, según revela el informe.

Se trata, pues, de grandes superficies de territorio convertidas en fortalezas gobernadas, controladas y rentabilizadas por unas pocas empresas, como la Northern Ranger Trust (NRT), una de las más poderosas, ya que cuenta con 39 zonas de conservación (conservancies), que cubren unos 42.000 km², lo que representa un 8% del territorio total del país. En el origen de esta firma, que comenzó su actividad en los primeros años de la década del 2000, está la finca familiar de 250 km² de un miembro de la minoría blanca de Kenia, que se instaló en el país en tiempos de la colonia británica y que mantiene fuertes vínculos y apoyo de la aristocracia inglesa, según puede comprobarse a través de los viajes oficiales de la realeza y su corte que reseña la prensa internacional.

El informe del OI recoge la genealogía del modelo, cuyo mayor abuso radica en erigir esas fortalezas que obligan a la desposesión de las tierras que desde tiempos inmemoriales han pertenecido a unas comunidades a las que ahora se les niega (o se burocratiza al infinito) la posibilidad de registrarlas y de tener títulos de propiedad.



DEJA TU COMENTARIO
PUBLICIDAD

PUBLICIDAD