Libros escolares ¡censurados!

Hasta hace un año, el activismo político de Stephana Ferrell se limitaba a una carta ocasional a funcionarios electos.

“Para las vacaciones de invierno (boreal), nos dimos cuenta de que esto estaba sucediendo en todo el estado y necesitábamos iniciar un proyecto para reunir a los padres para proteger el acceso a la información y las ideas en la escuela”, dice Ferrell, madre de dos hijos. Junto con Jen Cousins, una madre en el condado de Orange, fundó el Florida Freedom to Read Project, que trabaja con grupos de padres existentes en todo el estado en una variedad de temas educativos, incluidos los esfuerzos para “conservar o recuperar libros que han sido cuestionados o prohibidos”. 

Durante el año pasado, los desafíos y prohibiciones de libros alcanzaron niveles no vistos en décadas, según funcionarios de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas, la Coalición Nacional contra la Censura (NCAC, por sus siglas en inglés) y otros defensores de la libertad de expresión. Los esfuerzos de censura han abarcado desde comunidades locales como el condado de Orange y una junta escolar de Tennessee que retiró la novela gráfica “Maus” de Art Spiegelman, hasta iniciativas estatales.

“Hay algunos libros con pornografía y pedofilia que absolutamente deberían eliminarse de las bibliotecas escolares de kínder a 12mo grado”, dice Yael Levin, portavoz del grupo de defensa conservador No Left Turn in Education, que ha pedido al secretario de Justicia, Merrick Garland, que investigue la disponibilidad de “Gender Queer”, entre otros libros. “No estamos hablando de una biblioteca pública o librerías. Estamos hablando de bibliotecas escolares de kínder a 12mo grado, libros que son simplemente pornográficos y con contenido pedófilo”.

Según PEN America, que ha estado rastreando la legislación en todo el país, se han propuesto decenas de proyectos de ley que limitan la lectura y el debate en el aula. Prácticamente, todas las leyes se centran en la sexualidad, la identidad de género o la raza. En Missouri, un proyecto de ley prohibiría a los maestros usar el “1619 Project”, el número especial de la revista del New York Times que centra la esclavitud en la historia estadounidense y que se publicó el año pasado en forma de libro. 1619 es el año en que llegó el primer barco con esclavos a lo que sería luego Estados Unidos.

Las respuestas provienen de organizaciones grandes y pequeñas y, a veces, de personas como Ferrell.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), PEN America y la NCAC han estado trabajando con activistas locales, educadores y familias de todo el país, ayudándolos a “prepararse para las reuniones, redactar cartas y movilizar la oposición”, según la directora ejecutiva de PEN America, Suzanne Nassel. El director ejecutivo de Penguin Random House, Markus Dohle, ha dicho que donará personalmente 500.000 dólares para un fondo de defensa del libro que se administrará en asociación con PEN. Hachette Book Group ha anunciado “donaciones de emergencia” a PEN, NCAC y el gremio de escritores.

En Missouri, la ACLU presentó una demanda en un tribunal federal a mediados de febrero para evitar que el distrito escolar de Wentzville retirara libros como “Gender Queer”, “The Bluest Eye” de la premio Nobel Toni Morrison y “Heavy” de Keise Laymon. El sindicato también ha presentado solicitudes de registros abiertos en Tennessee y Montana sobre prohibiciones de libros, y una carta de advertencia en Mississippi contra lo que describió como la “inconstitucionalidad de las prohibiciones de libros en bibliotecas públicas”.

Vera Eidelman, abogada del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la ACLU, citó el fallo de la Corte Suprema federal de 1982 según la cual “las juntas escolares locales no pueden retirar libros de los estantes de las bibliotecas escolares simplemente porque no les gustan las ideas contenidas en esos libros”. El área delicada, reconoció Eidelman, es que los funcionarios de las escuelas pueden prohibir los libros por otras razones además de no aprobar los puntos de vista que expresan los libros. Los funcionarios pueden determinar, por ejemplo, que el libro es demasiado profano o vulgar.

“El problema es que a menudo nuestras definiciones, por ejemplo, de vulgaridad o adecuación a la edad, son, a falta de una palabra mejor, blandas, y también pueden ocultar o usarse como pretexto para decisiones del gobierno basadas en puntos de vista”, dijo.