La deuda de la esclavitud

Hoy está jubilado, tiene 89 años, pero en cada legislatura durante casi tres décadas, el congresista de Michigan John Conyers proponía un proyecto de ley para que EU reconociera “la crueldad, la brutalidad y la falta de humanidad” de la esclavitud, así como “la resultante discriminación económica y racial de los afroamericanos y el impacto en sus descendientes”. La propuesta ni siquiera se llegó a debatir.

La idea de llevar a efecto “reparaciones por la esclavitud” ha estado más o menos presente en la sociedad norteamericana desde la guerra civil. Ya en enero de 1865, meses antes de acabar la contienda, el general William Tecumseh Sherman dictó la famosa orden de campaña conocida como la ley de “los 40 acres y una mula”, en referencia a lo que prometía a los negros recién liberados (el director de cine Spike Lee bautizó su productora 40 Acres & Mule como homenaje). Desde entonces, las iniciativas de reparación se han ido sucediendo. Durante ciertas épocas hibernan, pero, al ser la esclavitud el gran pecado fundacional de EU, el debate está ahí y siempre vuelve a resurgir.

Ahora, en 2019, mientras crece el número de demócratas que se postulan para intentar arrebatar el poder a Donald Trump en 2020, han sido varios los candidatos que han vuelto a poner sobre la mesa el tema. Desde la senadora californiana Kamala Harris hasta la veterana Elizabeth Warren, pasando por el antiguo alcalde de San Antonio, Julián Castro, todos —en la actual campaña para lograr representar al Partido Demócrata en las presidenciales del año que viene— han manifestado su apoyo a algún tipo de reparación que mitigue la indeleble mancha norteamericana. En su opinión, la esclavitud no solo causó daño y sufrimiento a los esclavos, sino que instauró todo un sistema de corrupción que infectó, como una gangrena, a la sociedad entera. Se trata, defienden, de una deuda colectiva que sin duda hay que pagar.

El problema es que dicha deuda cubre nada más y nada menos que 250 años de historia, porque lo que sí ha quedado probado es que la esclavitud no se acabó con Abraham Lincoln y la decimotercera enmienda de la Constitución estadounidense que abolía la esclavitud. Al antiguo sistema de explotación y abuso le sucedió un siglo de leyes que institucionalizaron la discriminación contra los negros, un modo de esclavitud que pervivió hasta bien entrado el siglo XX y que estaba integrado en el sistema económico y amparado por el gobierno. 

LAS RAZONES

Basta con leer el revelador ensayo de Ta-Nehisi Coates Un argumento a favor de las reparaciones, publicado en la revista The Atlantic en 2014, para entender las razones por las que algunos de los más destacados candidatos demócratas pelean por estos desagravios. Coates define los años de las conocidas como leyes de Jim Crow (legislación de segregación racial) como una etapa de cleptocracia en la que a los negros les robaban sus pertenencias, el derecho a votar, el derecho a una vivienda e incluso el derecho a la justicia. En opinión del ensayista, el new deal de Roosevelt estaba diseñado para proteger el estilo de vida sureño. Según apunta en su texto de más de 16.000 palabras, tal fue el expolio de tierras de los afroamericanos que esos terrenos son hoy día un club de campo en Virginia o campos de petróleo en Misisipi, por citar algunos ejemplos.

Entre 1930 y 1960, en Chicago se produjeron linchamientos de negros e incendios para mantener vecindarios libres de la presencia de personas de esta raza. Los más de seis millones de descendientes de esclavos que protagonizaron la Gran Migración hacia el norte huyendo de la segregación y la violencia del sur se toparon en Filadelfia, Washington o Chicago con normas que les impedían alquilar casas en igualdad de condiciones con respecto a sus compatriotas blancos, por lo que acababan en muchas ocasiones en la calle, desahuciados, al no poder hacer frente a préstamos abusivos, o recluidos en guetos. Es lo que el autor Douglas Blackmon ha venido a definir como “esclavos con otro nombre”. En el libro que lleva ese mismo título, el escritor plantea cómo, mientras que Alemania paga desde hace 60 años indemnizaciones a víctimas del Holocausto, cuando se plantea el tema de las reparaciones en EU, son demasiados los obstáculos que se encuentran como para avanzar en una dirección provechosa. ¿Cuánto se pagaría? Los expertos sitúan esta cifra en billones. ¿A quién se pagaría? David Brooks, columnista del diario The New York Times, se pregunta al respecto: ¿Se indemnizaría a los millonarios Oprah Winfrey y Lebron James? Pero, al final, el principal argumento de quienes se oponen a los desagravios es que se trata de violaciones ocurridas en un pasado muy remoto, sobre las que no existe un sentido de responsabilidad colectiva.

Los demócratas Elizabeth Warren, Kamala Harris, Julián Castro y Beto O’Rourke, entre otros, consideran que ha llegado el momento de empezar una conversación a fondo a escala nacional. En opinión de O’Rourke, Estados Unidos “nunca sanará de su herida” a menos que arregle el pecado original de la esclavitud.

Hay, sin embargo, una voz disonante en las filas demócratas. Bernie Sanders, senador de Vermont y uno de los candidatos mejor colocados en las encuestas de cara a la nominación de su partido, no apoya las reparaciones porque considera que es prácticamente imposible plasmarlas en algo concreto.  Prefiere apostar por políticas sociales, como la creación de empleo y dar facilidades para estudiar. Barack Obama también se opuso a las compensaciones en su carrera hacia la presidencia porque podrían convertirse, explicó, en una excusa para decir que la “deuda” con los negros está pagada en vez de acabar con las discriminaciones actuales. Hillary Clinton prefiere hablar de inversiones en vez de reparaciones.

Desde 1865, ha habido otros intentos para lograrlas, sobre todo tras las luchas por los derechos civiles que desembocaron en la legislación del presidente Johnson. Pero siempre han topado con las mismas dificultades: cómo determinar las responsabilidades y los eventuales beneficiarios.