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Cuando ETA puso España al borde del abismo

Dos libros analizan sendos años marcados a fuego por el terrorismo: 1980 y 2000. En ambos la convivencia dentro y fuera del País Vasco estuvo a punto de partirse en dos

El azar ha conseguido que en esta etapa de revisión del cada vez más lejano terrorismo vasco coincidan dos libros que diseccionan con precisión los dos años que el País Vasco y España vivieron más peligrosamente, llegando a asomarse el abismo: 1980 y 2000. 1980, el terrorismo contra la Transición (Tecnos), coordinado por Gaizka Fernández y María Jiménez, ofrece una visión inédita sobre el año de mayor número de asesinatos políticos en España tras la dictadura —132—, a excepción del 11-M, en los que el protagonismo terrorista de ETA se mezcló con otros terrorismos y violencias. Fernando Buesa, una biografía política (Catarata), de Antonio Rivera y Eduardo Mateo, además de dibujar un perfil inédito de un político desconocido en España como fue el asesinado dirigente socialista alavés, ofrece una nueva dimensión del año 2.000 —el de los “magnicidios”— cuando la estrategia de socialización del sufrimiento de ETA alcanzó su cenit al generalizar el terror en Euskadi, extenderlo a toda España, dividir la sociedad vasca y arriesgar la secesión de Álava.

Rivera y Mateo muestran cómo Buesa vaticinó con años de antelación el abandono del autonomismo por parte del PNV y su salto al soberanismo acompañado del abertzalismo radical, el Pacto de Lizarra, y cómo su asesinato por ETA encendió las luces rojas sobre aquella estrategia política de consecuencias nefastas. Buesa era, tras marchar a Madrid Txiki Benegas y Ramón Jáuregui, el líder más prestigioso del socialismo vasco —portavoz parlamentario, exvicelehendakari, exdiputado general de Álava— y de la oposición al Gobierno de Ibarretxe.

Cuando ETA puso España al borde del abismo

El libro demuestra que nunca como en 2000 estuvo ETA tan cerca de ulsterizar Euskadi, dividiendo a la sociedad vasca entre nacionalistas y no nacionalistas. El Pacto de Lizarra acarreó la ruptura de los tres consensos que los demócratas vascos habían logrado contra ETA y su brazo político: el Pacto de Ajuria Enea contra el terrorismo; el Estatuto de Gernika y la coalición política PNV-PSE. Acarreó, en definitiva, la desvertebración de Euskadi. Precisa, también, la dinámica involutiva del PNV de Xabier Arzalluz y el lehendakari Ibarretxe tras el asesinato de Buesa: su compromiso con el abertzalismo radical les insensibilizó e incapacitó para acordar con los no nacionalistas la respuesta contra el asesinato del líder opositor. La división social adquirió su máximo en las dos marchas: la de los no nacionalistas por el asesinato de Buesa y la del PNV, que la convirtió en un homenaje a Ibarretxe, presentado como víctima, con una masiva invasión nacionalista procedente de Bizkaia y Gipuzkoa.

Resulta especialmente innovador el análisis de cómo la mayoría de la sociedad alavesa —la menos nacionalista— se sintió agredida por ETA y por el nacionalismo debido a su reacción insensible ante el asesinato de Buesa, un alavés que había desarrollado su vida sociopolítica en Vitoria y con quien una mayoría de paisanos se identificó. Fue homenajeado por todo tipo de instituciones. Como consecuencia, las candidaturas nacionalistas tuvieron enfrente otras y perdieron la Diputación, el Ayuntamiento, la universidad, la patronal y la Caja Vital. Álava amagó con abandonar la comunidad vasca. Emilio Guevara, uno de los dirigentes del PNV alavés que abandonó el nacionalismo, definió así lo sucedido: “A mayor soberanía, menor territorialidad”. Finalmente, Álava no abandonó Euskadi, pero nada volvió a ser igual ni allí ni en la comunidad autónoma. El PNV llegó a perder el Gobierno vasco entre 2009 y 2011. Para regresar tuvo que renunciar al frentismo nacionalista, pues comprendió las consecuencias nefastas de su ejercicio en una sociedad plural como la vasca y particularmente en la alavesa.

“Nos encontramos en el momento más difícil y a la vez el más peligroso”, reconoce un informe del jefe de Información de la Guardia Civil, Andrés Cassinello, a fines de 1979. Un año que contabilizó 128 asesinatos terroristas. Pero 1980 lo superó con 132. Gaizka Fernández y María Jiménez han coordinado a 16 expertos que analizan, desde distintas perspectivas, ese año y los riesgos de la democracia española en su transición. 


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