Sorprende a PGR defensa de Duarte. ‘Fiscales no están capacitados’

Cd. de México

Con sólo 12 preguntas, el exmandatario logró poner en duda más del 90 por ciento de la acusación en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Duarte preguntó a los funcionarios de la PGR de qué dependencias salieron los recursos desviados, los montos, las fechas.

Tras evasivas y la intervención del juez, los fiscales federales se vieron obligados a aceptar que sólo tenían documentado depósitos de la Secretaría de Educación de Veracruz por 38.5 millones de pesos.

“Afirma usted que de las cuentas se tomaron 38.5 millones de pesos ¿eso es todo?”, preguntó Duarte a la PGR.

“Por el momento son los únicos recursos”, respondió el fiscal Pedro Guevara Pérez.

Es decir, aunque la acusación consiste en desvíos del erario por 439.6 millones de pesos y la adquisición de propiedades a través de prestanombres, por ahora la Procuraduría sólo tiene datos de prueba del 8.7 por ciento.

Dicha cifra no puede explicar las compras de Duarte como la lancha italiana y las parcelas en Campeche, porque ocurrieron entre 2011 y 2013, ni los departamentos en Ixtapa, cuyos contratos datan de 2010.

Estas transferencias se habrían concretado el 23 de diciembre de 2015, en favor de la compañía Solaris Technologies.

Incluso Gerardo Moreno, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, expresó al abogado de Duarte, Marco Antonio del Toro: “Mire, señor defensor, usted y yo tenemos claro en este momento que los números no cuadran”.

Los fiscales de la PGR, encabezados por Pedro Guevara Pérez, director de Control de Procesos y Amparo en Materia de Delitos Federales, ubicaron a Duarte como líder de un grupo de delincuencia organizada que entre 2011 y 2016 lavó dinero procedente del erario.

Los desvíos del Gobierno de Veracruz pararon en empresas “fachada” que triangularon a otras compañías y concentraron los recursos en cuentas bancarias de Consorcio Brades y Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios, que adquirieron 21 parcelas en Campeche.

Esas tierras fueron compradas a José Juan Janeiro y Antonio Ortega López, testaferros de Duarte, quienes usaron el dinero de esa operación para comprarle al ex Gobernador una lancha rápida, 4 departamentos en Ixtapa, un rancho en Valle de Bravo y 3 terrenos en las Lomas de Chapultepec.

En una audiencia del pasado 23 de octubre, donde se vincularon a proceso a las hermanas Elia Arzate Peralta y Nadia Isabel Arzate, administradoras del Consorcio Brades, los fiscales de la PGR -distintos a los del lunes pasado- revelaron que también había desvíos desde la Secretaría de Salud de Veracruz.

Esa información ni la mencionaron los fiscales que estuvieron frente a Duarte.

En la audiencia de imputación, Marco Antonio del Toro, defensor de Duarte, dijo que los fiscales de la PGR no estaban capacitados para presentar el caso y hasta se mofó diciendo que respondían a sus solicitudes de aclaración en forma “cantinflesca”.

“Parece que se está desmoronando la imputación desde la segunda pregunta del señor Duarte”, indicó.

NULIDAD EN EVIDENCIA

 A diferencia del sistema inquisitorial, en el oral acusatorio una vinculación a proceso implica una segunda etapa de investigación donde la PGR puede ofrecer, bajo supervisión judicial, las pruebas de las que inicialmente carecían sus imputaciones.

Sin embargo, desde el 14 de octubre pasado, cuando se libró la aprehensión contra Javier Duarte, la dependencia federal sólo parece haber obtenido dos nuevos testimonios como pruebas adicionales en su contra.

Se trata de la entrevista a José Juan Janeiro, el “cerebro” financiero del ex Gobernador, a quien la PGR le concedió el criterio de oportunidad y le retiró la orden de aprehensión en su contra, a cambio de colaborar en las investigaciones.

La otra declaración es la del ex secretario de Seguridad de Veracruz, Arturo Bermúdez, actualmente procesado.

Por lo exhibido en la audiencia del lunes, durante 9 meses la PGR no ha agregado documentos bancarios, notariales, fiscales o registrales que soporten sus acusaciones. Sólo los dichos mencionados.

Suspende jueza federal dos capturas en contra

>Una juez federal suspendió momentáneamente las dos órdenes de aprehensión libradas contra Javier Duarte por un juez del fuero común de Veracruz, por cinco delitos que no son graves.

 Sandra Leticia Robledo Magaña, Juez Primero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda de garantías 614/2017 del exgobernador veracruzano, la cual presentó apenas anteayer que llegó extraditado al País.

 Duarte en este caso pide la protección de la justicia contra las órdenes que libró el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XI Judicial de Xalapa, en las causas penales 38/2017 y 56/2017, por las cuales también fue extraditado.

 Dichos mandatos de captura fueron librados por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición, ninguno de los cuales prevé la prisión preventiva de oficio ni en el actual ni el anterior sistema de justicia penal.

 La juez Robledo Magaña fijó a Duarte el pago de una garantía de 6 mil pesos para que continúe vigente la suspensión provisional y acordó celebrar el próximo 26 de julio la audiencia donde determinará si concede la suspensión definitiva.

 Para el 3 de agosto se tiene prevista la audiencia constitucional y a partir de ese momento podría emitir su sentencia de amparo.

 Duarte se encuentra preso en el Reclusorio Norte desde anteayer que regresó extraditado al País y el próximo sábado un juez de control federal determinará si lo vincula o no a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero.