Solicita gobierno aplazar la orden sobre inmigración
El gobierno de Estados Unidos pidió el lunes a un juez federal que aplace la orden temporal que suspendió una orden ejecutiva del presidente Barack Obama que protege de la deportación a millones de inmigrantes no autorizados.
CONTINÚA. El gobierno de Estados Unidos podría proceder con sus políticas migratorias mientras la demanda sigue su curso en los tribunales.
Houston, Tx.
La moción del Departamento de Justicia fue presentada ante el juez de distrito Andrew Hanen en Brownsville, Texas.
El gobierno también presentó a Hanen un informe de 3 páginas donde le notifica que apelará su decisión ante el quinto circuito judicial de Estados Unidos, cuya sede está en Nueva Orleans.
Hanen emitió la semana pasada una suspensión temporal solicitada por los gobiernos de 26 estados, que entablaron una demanda contra el decreto de Obama que protege de la deportación a unos 5 millones de inmigrantes que viven sin autorización en Estados Unidos.
Los gobiernos estatales, liderados por el de Texas, han alegado que la medida de Obama es inconstitucional y obligaría a un aumento en el gasto de los estados en funciones policiales, servicios médicos y educación.
Si Hanen aplaza la entrada en vigor de su orden mientras se resuelve la apelación ante el quinto circuito, el gobierno de Estados Unidos podría proceder con sus políticas migratorias mientras la demanda sigue su curso en los tribunales.
Obama anunció la decisión ejecutiva en noviembre, alegando que la falta de acción del Congreso lo obligó a decretar cambios amplios en las normas de inmigración. Los republicanos, quienes dicen que Obama se ha excedido en su autoridad, han bloqueado fondos al Departamento de Seguridad Nacional a menos que los demócratas acepten cancelar la orden del presidente.
Abogados del Departamento de Justicia sostienen que es necesario aplazar la orden de Hanen para “asegurarse de que el Departamento de Seguridad Nacional es capaz de proteger la seguridad de nuestro país y la integridad de nuestra frontera de manera más efectiva”. La moción que tiene una extensión de 20 páginas sostiene que mantener la orden provocaría “daños a los intereses del público y de terceros interesados que sufrirán por la falta de aplicación de la ley y los beneficios humanitarios resultantes de la pronta puesta en operación”, de la acción ejecutiva del presidente.