Sin resolverse el caso de ciclista atropellado

Miguel Alemán, Tam.

El lamentable caso del infortunado ciclista que falleció hace poco más de una semana, luego de haber sido arrollado por un raudo cafre del volante que lo embistió a la altura del vado del poblado Los Guerra, continúa sin poder resolverse satisfactoriamente para ninguna de las partes involucradas, mucho menos para las autoridades ministeriales, por lo que tentativamente podría ser judicializado; es decir, turnado ante el Juez de Control de Procesos en esta localidad.

Fuentes extraoficiales, pero fidedignas de la PGJE, permitieron establecer que este sonado caso en el que perdiera la vida el infortunado ciclista Lucio Reyes Contreras, de 37 años de edad y con domicilio en calle Juan de la Barrera #1126, de la colonia Niños Héroes, ya fue turnado por la Agencia del Ministerio Público de Procedimiento Adscrita a la Unidad General de Investigación ante el titular del Sistema Penal de Justicia Alternativo; quien mediante el diálogo con las partes involucrados buscó la manera de llegar a un acuerdo de mediación entre ellas, toda vez que el nuevo Sistema de Justicia Penal de la PGJE, establece esa posibilidad dentro del marco de la legalidad.

SIN ACUERDO

Sin embargo, el presunto homicida Martín Ochoa Ramírez, de 52 años de edad y con domicilio conocido en la colonia Unidos Avanzamos de esta ciudad; quien al momento del fatal accidente, tripulaba una Pick-Up, marca Ford, tipo Ranger, hasta el momento no ha querido aceptar ningún acuerdo para cumplir su responsabilidad y cubrir la indemnización por daños morales que incluyen los gastos funerarios, mismos que le estaría solicitando la familia del hoy occiso.

En base a la versión de fuentes jurídicas extraoficiales que fueron consultadas al respecto, indicaron que en estos casos de fallecimientos, la ley establece un pago de indemnización aproximado a los 200 mil pesos; sin embargo, también aclararon que para la fijación de una cifra, intervienen varios factores, como son en primer término, el perdón de los afectados, seguido de los gastos funerarios, daños morales, pero también se puede tomar en cuenta el tipo de la fuente laboral que tenía la víctima y el estrato socio-económico de la misma, entre otros aspectos, los cuales deben ser analizados a conciencia por las autoridades ministeriales y/o judiciales.