Señalan excesos de fuerzas de seguridad

CONCURRIDO. Presidium y concurrencia al evento donde se presentó el informe “Atrocidades Innegables, confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, ayer.

Ciudad de México

El gobierno mexicano tiene la meta legítima de someter al crimen organizado, pero lo ha hecho desplegando a las fuerzas de seguridad, quienes han hecho un uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza, afirmó James Goldston, director de Open Society Justice Initiative (OSJI).

Al presentar el informe “Atrocidades Innegables, confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, señaló que esta política ha derivado en “falsos positivos”, es decir, personas inocentes que han sido víctimas de asesinato, tortura o desaparición forzada por considerarse involucrados con la delincuencia sin evidencia alguna, así como los denominados “daños colaterales”.

“La impunidad casi total es una señal clara de que la violencia no está por casualidad”, sostuvo.

Los altos niveles de violencia, reiteró, no se han dado al azar, en gran parte por la incapacidad del Estado mexicano por regular el uso de la fuerza.

Señaló que hay evidencia de que las Fuerzas Armadas en México han actuado bajo órdenes para aniquilar a un criminal en lugar de entregarlo a las autoridades.

Asimismo, indicó que los tres poderes siguen una política de encubrir las atrocidades cometidas por el Ejército.

Aseveró que en México hay crímenes de lesa humanidad, entendidos como uno o más actos individuales cometidos con conocimiento de que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

Éstos, aclaró, son imputables tanto al gobierno federal como a cárteles de la droga, como el de Los Zetas.

José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que nadie puede negar que en el país cometen atrocidades, ya sea por funcionarios o por criminales, que muchas veces están en complicidad con las autoridades.

“Las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y la tortura en el contexto de la política de seguridad no son casos aislados, son una acumulación no accidental de actos”, mencionó.

Estos crímenes, apuntó, tienen respaldo público, pues las autoridades niegan los hechos e incluso manipulan las escenas del crimen.

Con estos elementos, consideró, la Corte Penal Internacional podría abrir un examen preliminar en México.

Juan Carlos Gutiérrez, de Idheas, afirmó que en México no existe voluntad política para investigar violaciones graves a los derechos humanos.

Resaltó que en respuesta al The New York Times al informe de OSJI, un funcionario del gobierno mexicano señaló que los crímenes no son generalizados y que el reporte sólo muestra que hay desconocimiento por parte de las organizaciones.

Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo que los crímenes de lesa humanidad en México se ha cometido contra personas migrantes.

Recordó que las tres masacres contra migrantes cometidas en San Fernando en agosto de 2010 y en abril de 2011 y en Cadereyta, en mayo de 2012, permanecen impunes.

Acusó que más autoridades se han empeñado en hacer creer que los casos son aislados.

A estas masacres, refirió, hay que sumar los secuestros y desapariciones forzadas de migrantes.

“No fue aleatorio, por parte del Estado hubo una voluntad de aliarse y colaborar con el crimen organizado para cometer estos crímenes”, denunció.

Gobierno debe encarar

crisis de DH: Vivanco

El gobierno mexicano no puede seguir ignorando la crisis de derechos humanos en México, tras la publicación del informe “Atrocidades Innegables, confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, de la organización Open Society Justice Initiative.

Así lo consideró José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), al referir el informe como una de las evaluaciones más devastadoras de la crisis de derechos humanos en México.

Según el documento, la situación de violencia cumple con la definición de crímenes de lesa humanidad, debido a la magnitud de las atrocidades y la falta de investigación al respecto.

“Es un recordatorio más de que el lamentable manejo gubernamental del caso Ayotzinapa, recientemente dejado al descubierto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), es sintomático de un problema mucho, mucho más amplio”, opinó Vivanco.

“Deja en claro a quienes han intentado minimizar o desacreditar lo informado por defensores de derechos humanos y periodistas que el Gobierno no puede continuar ignorando esta crisis con la esperanza de que sencillamente desaparezca”.

Ciudad de México/Agencia Reforma