Se quejan petroleros por el trato en México
Piden solución diplomática a las prácticas discriminatorias
Ciudad de México
Las principales petroleras de Estados Unidos, agrupadas en el American Petroleum Institute (API, por sus siglas en inglés), solicitaron la intervención del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, para encontrar una solución diplomática a las prácticas discriminatorias que enfrentan en México.
A través de una llamada telefónica entre Pompeo y el presidente y CEO de la API, Mike Sommers, realizada el 5 de noviembre, los empresarios pidieron al tercer hombre más importante del gabinete “un compromiso diplomático directo sobre estos temas” con el gobierno mexicano, a lo que el funcionario acordó convertirlo en “una prioridad del Departamento de Estado”.
El contenido de la llamada, al cual tuvo acceso El Universal, fue compartido con el Subcomité de Estrategia Comercial Internacional y Corporativa de la API; se plantearon varios temas de importancia que afectan a la industria petrolera estadounidense ante las políticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de organismos reguladores del sector.
Se abordó el retraso y cancelación de permisos para nuevas estaciones de servicio, para importación de gasolinas y diesel, almacenamiento de petrolíferos, la construcción de infraestructura de gas natural licuado (GNL) y el cierre de gasolinerías por infracciones menores. A finales del mes pasado, un grupo de 43 congresistas dirigió una carta al presidente Donald Trump, en la que le expresan su preocupación por los cambios regulatorios en el sector energético mexicano, argumentando que obstruyen las inversiones. En el documento, explicaron que las decisiones que tomó la autoridad mexicana “violan y van en contra del espíritu” del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y les preocupa que se revierta la histórica reforma energética de 2014, que permitió la participación privada en el sector. Las cartas se suman a otras que enviaron cámaras de comercio, embajadores y legisladores contra los cambios aplicados en el sector, como la publicación de una política del gobierno mexicano que frenó las pruebas de plantas de energía renovable.