Revelan violaciones a derechos de migrantes detenidos en los E.U.
Diciembre 16, 2017 -
Los inmigrantes recluidos en los centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos son sometidos con frecuencia a registros sin una razón y amenazados con un confinamiento prolongado en sus celdas, según un nuevo informe sobre esas instalaciones.
El informe “Preocupaciones sobre el tratamiento y la atención a arrestados de ICE en los centros de detención”, fue elaborado por la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Interna (DHS), en respuesta a las inquietudes de grupos defensores de los migrantes y las quejas recibidas al respecto.
El reporte se basa en inspecciones recientes, sin previo aviso de la OIG, en cinco centros de detención operados por ICE.
Las instalaciones fueron seleccionadas con base en denuncias de la línea directa de la OIG, informes de organizaciones no gubernamentales y de los medios de comunicación.
Las inspecciones revelaron problemas en cuatro de las cinco instalaciones, comenzando con el proceso de admisión.
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Los detenidos deben ser alojados con otros que tengan antecedentes similares; sin embargo, el personal de las instalaciones clasificó erróneamente a algunos detenidos con sentencias penales de alto riesgo y los alojó con otros de bajo riesgo.
Una instalación no contaba con el personal adecuado para garantizar el control exhaustivo de las inspecciones y los registros físicos de los detenidos.
En otro centro, el personal realizó cateos a todos los detenidos, a los que obligó a desnudarse, pero no documentó los procedimientos, por lo que no fue posible determinar si las búsquedas se justificaron con base en una sospecha razonable.
El reporte indicó que, a pesar de tener los servicios de traducción disponibles por teléfono, el personal y los detenidos experimentaron también barreras idiomáticas que crearon confusión.
Además, los detenidos informaron que el personal obstaculizó o retrasó sus quejas o los intimidó para no presentar sus denuncias.
Los detenidos deben tener acceso a teléfonos, así como poder realizar llamadas gratuitas a la OIG del DHS. Sin embargo, los inspectores observaron teléfonos que no funcionaban en una instalación, y en otra el acceso al número de la línea directa de la OIG estaba restringido.