Revelan que policías de Aguililla habían sido amenazados

Desde hace cuatro días, la Policía Michoacán había sido advertida por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asentados en el municipio de Aguililla, de que atentarían en su contra si no aceptaba trabajar para ellos.

La intención del grupo criminal era que la Policía Michoacán blindara el regreso del líder de ese cártel, Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho. De lo contrario —les dijeron—, iban a asesinar a todos los policías que entraran a su territorio, donde sólo tenían permitido transitar de paso y sin detenerse.

Recordaron que el pasado viernes, mientras circulaban cerca de ese municipio, detectaron por una radiofrecuencia que un grupo armado los iba a interceptar. La alerta les permitió cambiar de ruta para evitar ser emboscados, pero lo que no esperaban era que los fueran a mandar en poco tiempo a esa zona.

Cuestionados al respecto, no descartaron que desde adentro de la corporación o del Poder Judicial los hayan enviado, con toda intención, “al matadero”.

“Pues sí, pendejos no somos. Qué casualidad que todo estaba bien armadito para que nuestros compañeros no fueran con el Ejército o la Guardia Nacional y que tardaran tanto en enviar apoyo cuando los estaban atacando”, señaló un oficial.

Además, cuestionó dónde estaban entonces las personas que supuestamente iban a trasladar a sus compañeros.

El oficial criticó que el juez que liberó a cuatro sicarios implicados en el asesinato de un mando militar el pasado 21 de febrero, sea el mismo que el pasado lunes ordenó el operativo de traslado de dos mujeres, que terminó con 13 policías asesinados y nueve lesionados.

Explicó que el 21 de febrero de este año se registró un par de enfrentamientos entre militares y presuntos delincuentes en la comunidad de Pinzándaro, municipio de Buenavista. El saldo fue de 10 muertos: nueve pistoleros y el teniente coronel del Ejército, Jorge Guadalupe Barrientos Ortiz.

Al quedar entre el fuego cruzado, los militares y policías repelieron los disparos en esa zona, donde se disputan el territorio los cárteles Jalisco Nueva Generación y Los Viagras.

Las autoridades capturaron ese día a cuatro presuntos implicados en los enfrentamientos. Seis días después, el juez de la causa los dejó en libertad e incluso acusó a militares y policías de haber torturado a los imputados.

Ayer, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, responsabilizó al alcalde de Aguililla, Osvaldo Maldonado Zepeda, de la masacre de policías, por no firmar el convenio de seguridad: “Hay que destacar que lamentablemente el municipio no ha querido firmar el convenio de colaboración y ahí están luego las consecuencias”.

El presidente municipal desmintió los dichos del gobernador y aclaró que en septiembre del año pasado él mismo firmó el convenio de Mando Unificado. Explicó que el gobierno estatal le dijo que habría reuniones con los alcaldes para definir las particularidades de cada lugar, pero hasta la fecha no ha recibido comunicación alguna al respecto.

Ejército reacondiciona acciones. Tras la emboscada a elementos de la Policía Michoacán, en el municipio de Aguililla, el Ejército mexicano reacondicionó las acciones operativas que realiza en la Tierra Caliente de la entidad.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que 80 elementos, incluido el mando de la 43 Zona Militar, ubicada en Apatzingán, en conjunto con otras dependencias, realizan trabajos de reconocimiento en la región para dar con los responsables del ataque a policías estatales.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, señaló que la fiscalía del estado está a cargo de la investigación, con apoyo del gobierno federal.

CEDH pide detener pandemia. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) hizo un enérgico llamado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Alfonso Durazo, para que establezca una real estrategia de seguridad para Michoacán y se atienda de manera urgente esta pandemia de violencia en el estado.Tras los acontecimientos atribuidos a la operatividad de la delincuencia organizada que se han registrado en Michoacán, el ómbudsman Víctor Manuel Serrato Lozano exhortó a la Federación a brindar su respaldo total a la entidad. Dijo que la seguridad pública es uno de los derechos humanos más exigidos por los ciudadanos y que se requiere atender de manera urgente.