Reprueban las ONGs la detención de migrantes
Febrero 01, 2020 -
Se violan de manera sistemática los derechos humanos para desanimar caravanas
Ciudad de México.
Organizaciones internacionales denunciaron que México viola de manera sistemática los derechos humanos de las personas en movilidad mediante la implementación de una política de detención generalizada como medio para desincentivar la migración.
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En un posicionamiento, asociaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) destacaron que la detención se debe efectuar solamente como medida de último recurso y en casos excepcionales.
Asimismo, indicaron que es una obligación internacional de los Estados garantizar un monitoreo periódico e independiente de todos los centros de detención de migrantes, adoptar medidas alternativas a la captura y respetar la prohibición de la detención de niños, niñas y adolescentes y personas en necesidad de protección internacional.
En ese sentido, condenaron el cierre de espacios para el monitoreo y la defensa de derechos de migrantes y solicitantes de protección internacional, en particular mediante la decisión del Instituto Nacional de Migración (INM) de suspender temporalmente “el ingreso a Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales de integrantes de Asociaciones Religiosas e Integrantes de Asociaciones de Sociedad Civil” en su oficio INM/DGCVM/0118/2020 del 28 de enero.
“La medida implementada por el INM no representa una acción aislada, al contrario, se suma a las acciones del Estado mexicano que buscan estigmatizar, obstaculizar y criminalizar la labor de personas y organizaciones que defienden los derechos humanos de la población migrante y en necesidad de protección internacional”, criticaron.
Aseguraron que antes de la publicación del oficio, organizaciones de sociedad civil, como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías, denunciaron que autoridades mexicanas les negaron la autorización de acceder a estaciones migratorias para monitorear la situación de derechos humanos de los migrantes.
Alertaron que al obstaculizar la labor de las organizaciones de sociedad civil, México deja en total desprotección a ese sector, limita su acceso a la justicia y al debido proceso, y las expone a graves riesgos para su integridad y su vida.
Señalaron que México incumple su obligación de garantizar las condiciones necesarias para que las personas y organizaciones defensoras puedan ejercer su labor sin obstáculos y de manera segura.
Exigieron que no haya restricciones respecto al permiso de acceso y en cuanto a los lugares de monitoreo.