Rechazan 90 alcaldes propuesta de Trump

McAllen, Texas- Crece el temor de millones de inmigrantes por la dura propuesta del gobierno de limitar el acceso a la “Green Card” y  a la propia ciudadanía para aquellos inmigrantes que hayan usado programas de asistencia social del gobierno.

Por tal razón un total de 90 alcaldes de ciudades de 29 estados han rechazado una propuesta del Gobierno del presidente, Donald Trump, para limitar la concesión de la ciudadanía o de la residencia permanente a inmigrantes legales, según una misiva difundida ayer viernes por la Conferencia Nacional de Alcaldes.

Los regidores se opusieron así a una proposición de la que se ha hablado durante meses, pero que se incluyó en el Registro Federal el miércoles.

La norma busca ampliar el concepto de “carga pública”, un término en el que se recogen los requisitos por los que se considera que un inmigrante será un supuesto peso para el Estado y que puede derivar en que el Gobierno desestime una potencial petición para acceder a la residencia permanente o la ciudadanía.

“Las nuevas regulaciones llevan este principio al extremo y, de ser adoptada castigarían en última instancia a los inmigrantes por acceder a prestaciones que no son en efectivo y que están diseñadas para ayudar a las familias a tener éxito en Estados Unidos.”, explica la carta enviada al Departamento de Seguridad Nacional.

Según los alcaldes, “comprometerá la salud, la nutrición y el desarrollo de los niños; impactará en el acceso a la seguridad sanitaria; reducirá las opciones de alojamiento y afectará negativamente a las comunidades locales”.

“Forzará a las familias a elegir entre la ayuda que necesitan y la gente a la que ellos aman”, aseveran los alcaldes, en referencia a que en muchos casos estos inmigrantes recurren a solicitar la residencia permanente para garantizar que podrán seguir viviendo con sus seres queridos, en algunos casos hijos nacidos en el país.

La propuesta amplía el concepto de “carga pública” a las personas que se han beneficiado de servicios pagados por el Estado, que no son ayudas en efectivo, en materia de alimentación o sanidad, entre otros.

La proposición se enmarca en un contexto en el que Trump ha enaltecido un discurso antiinmigración desde su campaña electoral en 2016 hasta ahora, como presidente, con especial énfasis en la inmigración irregular.

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¿A quiénes afectaría el nuevo reglamento?

>El reglamento perjudica a personas que solicitan ingreso a EU o un ajuste de estatus migratorio a la “tarjeta verde”, con algunas excepciones.

>La Administración Trump quiere ampliar la definición de “carga pública” para incluir a inmigrantes de bajos recursos que reciben uno o más tipos de ayuda pública, incluyendo cupones de comida, subsidios de la “sección 8” del programa de vivienda, cobertura bajo “Medicaid”, y cobertura de medicinas bajo la “parte D” del sistema de “Medicare”.

>Establecerá rangos salariales para determinar si una persona es “autosuficiente” y no dependerá de la “muletilla” del gobierno para su sustento.

>Los agentes de Inmigración tendrán amplia discreción para denegar la “tarjeta verde” u otras visas a personas que, por ejemplo, no demuestren que podrán mantener a sus familias.

>El DHS calcula que 382,600 solicitantes de “tarjeta verde” y unos 517,500 solicitantes de visas temporales podrían ser sometidos al escrutinio de la “carga pública”.

>Los que ganen al menos 62,750 dólares anuales, muy por encima del umbral de pobreza en EU, tendrían mejores probabilidades de pasar la “prueba”.

>El reglamento no afectará a niños nacidos en EU que reciben beneficios públicos, sino únicamente a los padres que soliciten esa ayuda.

>Tampoco a residentes permanentes que han solicitado o tengan en trámite la ciudadanía estadounidense.

>No daña a refugiados, ni a personas con asilo político, ni a personas protegidas bajo la ley NACARA, la “Ley de Ajuste Cubano”, ni los que tienen o tramitan visas “T” y “U”.