Recaudadora se declara culpable
Septiembre 18, 2018 -
Valle de Tx.- Carmen Peña se declaró culpable de robo de más de 779 mil dólares y alteración de documentos como servidora pública y de alterar un registro del gobierno.
La exrecaudadora de impuestos del Condado de Starr, que en 2015 fue arrestada junto con todo su personal por robar miles de dólares en fondos de contribuyentes, se declaró culpable de cargos de robo y manipulación el mes pasado.
Fue sentenciada a dos años en el Departamento de Justicia Criminal de Texas con una multa de 7 mil dólares y una restitución y demanda de 619 mil 836 dólares. Por el cargo de manipulación, ella fue sentenciada a dos años en un centro penitenciario estatal, de acuerdo
con el fiscal de distrito 229, Gilberto Hernández, quien dijo que los términos se cumplirían concurrentemente.
Las secretarias adjuntas María Crisanta González, Oscar García, Mary
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Ann López y Cynthia Rivas también se declararon culpables de los cargos por robo y cada una recibió cinco años de adjudicación diferida. “Desde que nos enteramos, o recibimos una indicación de que faltaba dinero, comenzaron a cooperar”, dijo.
“Durante mucho tiempo, Carmen Peña fue la única que se negó a admitir
cualquier culpa, por lo que el caso estuvo pendiente por un tiempo”.
Todos los demás codemandados en los casos de robo, dijo Hernández, ya habían aceptado testificar contra ella.
Otros que se declararon culpables de cargos de alteración incluyeron a uno de sus hermanos, José Antonio Álvarez y a Norma Quezada, una empleada adjunta en el departamento de DMV de la oficina del asesor fiscal. Recibieron dos años de libertad condicional y dos años deadjudicación diferida, respectivamente. Los cargos contra Griselda Quezada, otra secretaria adjunta, fueron retirados como parte de la declaración de culpablidad de su madre, Norma Quezada. Mayra Quezada, secretaria del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), obtuvo un contrato previo al juicio, cuyas condiciones cumplió y dio como resultado la desestimación de su caso.
Uno de los otros hermanos de Peña, Fernando Álvarez, se declaró culpable de cargos de soborno el año pasado y recibió cuatro años de libertad condicional.
Como parte del trato, los cargos de manipulación contra su esposa, Delicia Canales, fueron retirados. Los cargos contra dos hombres arrestados en el caso, Juan García y José Cruz, quienes también fueron acusados de falsificación y manipulación, fueron desestimados. Sergio García, otro hombre arrestado en el caso por cargos similares, sigue prófugo.
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INTERVIENE FBI
Los arrestos masivos en la oficina de impuestos ocurrieron luego de
que una investigación, liderada por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, incluyendo a los investigadores de la Oficina del Fiscal 229 y agentes del FBI, encontraron a los empleados registrando vehículos fraudulentamente, según información proporcionada por Hernández en un correo electrónico.
En 2012, el DPS comenzó a investigar la oficina, buscando personas que pudieran obtener placas de matrícula y certificados de inspección de Texas sin ningún papeleo trazable.
Los investigadores también notaron que varios vehículos estaban registrados en la misma dirección. Por ejemplo, 130 se encontraron registrados en un P.O. Box en Rio Grande City, Texas. Algunos de esos vehículos fueron incautados posteriormente cuando se encontraron transportando marihuana.
Un informante confidencial, informó a los investigadores que un individuo cruzaría de México a Roma y que alguien en la oficina de
impuestos le daría matrículas de vehículos sin presentar ningún tipo de documentación.
La vigilancia verificó al menos una de esas instancias. Los empleados también supuestamente llevaron a cabo un plan de robo a través de pagos revertidos. Los pagos de los residentes se registraron como recibidos en meses anteriores, por lo tanto, son elegibles para descuentos de pago anticipado. La revocación resultó en un pago en exceso y los empleados se guardaron con el dinero en efectivo.
En general, la oficina del Auditor del Condado de Starr calculó que más de 779 mil dólares fueron robados.
La oficina del auditor notó por primera vez las discrepancias en 20092010, notificó al juez del condado y posteriormente se solicitó una auditoría externa.
El juez del condado Eloy Vera dijo en 2015 que el caso se convirtió en una “papa caliente” entre las agencias de aplicación de la ley, explicando por qué tomó tanto tiempo para que ocurrieran los arrestos.