Que Senado llame a comparecer a Gertz Manero y rinda cuentas, exigen colectivos

Ante las deficiencias en la Fiscalía General de la República (FGR), que impiden “hacer frene a la impunidad sistémica en el país”, organizaciones sociales que forman parte del Colectivo contra la Impunidemia y Seguridad Sin Guerra, exigieron al Senado de la República llamar a comparecer de manera pública al fiscal Alejandro Gertz Manero para que “rinda cuentas de sus acciones y del impacto que han implicado para el sistema de procuración de justicia en México”.

En el recuento, los integrantes de los colectivos denunciaron la aplicación de “una justicia penal de manera selectiva”, siendo ejemplo de ello la declaratoria del no ejercicio de la acción penal en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y las acciones emprendidas contra la excuñada del propio fiscal, Alejandra Cuevas, sin contar con “una clara cercanía” al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que le resta autonomía.

Al recordar que Gertz Manero no sólo incumplió con la Ley Orgánica de la FGR aprobada en 2018, sino que promovió su abrogación para imponer otra que “reduce los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, elimina salvaguardas para la autonomía y la de los altos fiscales, derechos de las víctimas y obligaciones de la institución”, los firmantes resaltaron que el Senado también ha fallado al no designar un Consejo Ciudadano, que tiene la finalidad de ser un contrapeso del fiscal, “lo cual evidencia un total desdén hacia la ciudadanía y a los mecanismos de control externos”.

Los integrantes de la sociedad civil apuntaron que ante la deficiente actuación de la FGR, se han promovido diversos amparos por la falta de designación del Consejo Ciudadano; por la omisión en la creación de una Unidad Mixta de Investigación para casos de graves violaciones contra personas migrantes; contra el “diseño, revisión, discusión y aprobación del Plan de Persecución Penal”; contra las designaciones de los titulares de las fiscalías de Derechos Humanos y Anticorrupción, sin respetar el proceso señalado en la ley, y contra la Ley de la FGR aprobada en 2021, que abrogó la Ley Orgánica de la FGR en 2018.

Los firmantes reprocharon a Gertz Manero no impulsar la transición hacia una “persecución penal moderna, racional y eficiente”, sino por el contrario ha llevado a la FGR a un retroceso sobre todo en términos de autonomía e independencia; y ha usado la autonomía como excusa para no colaborar con otras instituciones del Estado como la Comisión Nacional de Búsqueda, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las fiscalías locales, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Alianza para el Gobierno Abierto.

A tres años del nombramiento de Gertz, los firmantes sostuvieron que la persecución penal se ha concentrado en delitos de bajo impacto, dejando los casos de graves de violaciones de derechos humanos y de corrupción en la impunidad, siendo que a nivel federal la investigación de casos de tortura rondan el 95.1% de impunidad y en desaparición están en prácticamente 100%, ejemplo de ello es el caso de la masacre de Camargo, Tamaulipas, en enero de 2021, en que la FGR se rehusaba a intervenir a pesar de que cobró la vida de 19 personas, 16 de ellas guatemaltecas y tres mexicanas, “por lo que fuer necesario acudir a instancias judiciales para que iniciara una carpeta de investigación”.

Consideraron alarmante la falta de transparencia “en los procesos de contratación y destitución”, advirtiendo una disminución del 10% del personal, entre 2018 y 2020, al pasar de 22 mil 825 funcionarios a 20 mil 720, “sin que estos cambios estén relacionados con alguna restructuración que se haya dado a conocer públicamente”, y entre los que se encuentra al menos 37% del personal destinado al desarrollo de mecanismos alternativos para la solución de conflictos, sin contar con los cientos de despidos revelados a finales del año pasado.  

Entre los datos reveladores, los miembros de la sociedad civil alertaron que mientras hay una disminución del 52% en las investigaciones, al pasar de 112 mil 635 en 2018, a 78 mil 463 en 2020, se ha incrementado la prisión preventiva en el ámbito federal, pasando de 71.1% a 83.8%; que en 2020 la FGR dio seguimiento a casos por portación de armas (58.37%), delitos fiscales (2.25%), delitos contra el patrimonio (1.97%),  relacionados con robo de hidrocarburos (1.25%) y delitos “no  determinados” (24.5%), lo que habla de que la institución atiende “casos de criminalidad común y no compleja”.

En casos graves, como tortura y desaparición forzada, en 2020 la Auditoría Superior de la Federación destacó que en el primer delito, la FGR tenía 5 mil investigaciones en trámite, y que sólo había consignado cinco averiguaciones previas y judicializado una carpeta de investigación, en cuanto al segundo, tenía 868 carpetas de investigación en trámite, “pero en ningún caso se acreditó la comisión de delitos investigados, ni se buscó el ejercicio de la acción penal ante los tribunales”.

Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el Colectivo contra la Impunidemia y Seguridad Sin Guerra, advirtieron que prevalece una “impunidad administrativa” del 100% en la FGR, ya que de 2014 a 2019 no hubo una sola sanción, pese a que en ese periodo se presentaron 268 quejas de las cuales 176 se abrieron por faltas administrativas.

Las organizaciones y miembros de la sociedad civil firmantes, recordaron que el 6 de diciembre de 2021 Gertz Manero compareció a puerta cerrada ante la Cámara de Diputados, pese a la solicitud de la sociedad civil para que rindiera cuentas ante el Congreso de la Unión.

“A la fecha no hemos tenido respuesta positiva de las personas diputadas y senadoras, que deberían velar por una Fiscalía eficaz que garantice el acceso a la justicia de todas las personas, sin distinción ni privilegios”, apuntaron los firmantes.

Solicitaron que el fiscal “rinda un informe público de los resultados de su gestión en  estos tres años”; que el Senado solicite la comparecencia pública de Gertz Manero y procese la selección y nombramiento de los integrantes del Consejo Ciudadano de la FGR, y que “vele por una Fiscalía autónoma que garantice el acceso a la justicia y el combate a la impunidad”.