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Prolonga gobierno trabajo a distancia

Con excepción de los que realicen las actividades esenciales

Ciudad de México.

Prolonga gobierno trabajo a distancia

Frente a la intensa propagación de Covid-19 en las principales ciudades del país, la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que se prolonga hasta el próximo 30 de abril la modalidad de trabajo a distancia para la mayor parte de los servidores públicos, a excepción de los que realicen actividades esenciales.

La medida entró en vigor por primera vez el 23 de marzo de 2020, pero ante la continuación de la pandemia fue ampliada en julio y luego en septiembre. La ampliación anunciada hoy por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la SFP, implica que la pandemia de covid-19 ha llevado a la administración pública federal a trabajar en “home office” durante más de un año.

Sandoval adelantó el contenido del decreto que ampliará el plazo de trabajo a distancia y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) --en plena aceleración de los contagios detonada por las fiestas de fines de año-- el mismo día en que la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, indicó que la Ciudad de México y la Zona Metropolitana permanecerán con semáforo epidemiológico rojo en las siguientes dos semanas.

De acuerdo con el proyecto, “el mapa del semáforo epidemiológico del 6 de enero de 2021, emitido por la Secretaría de Salud, refleja una situación de riesgo máximo en cinco entidades federativas, incluida la Ciudad de México, lo que incide a tomar medidas que coadyuven a reducir la probabilidad de incrementos en otras zonas del territorio nacional”. 

MANTIENEN OPERACIONES

Por eso, agregó, la Administración Pública Federal (APF) está obligada a mantener sus operaciones en consonancia con la política de sana distancia y reducción de movilidad, poniendo énfasis en el trabajo a distancia y la prevalencia en la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de capital humano y financiero del sector público, en los casos que sea materialmente posible y no se vea alterado el debido cumplimiento de las funciones.



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