Prisión domiciliaria a un represor argentino
Buenos Aires, Argentina
El Gobierno de Mauricio Macri ha sufrido un fuerte desgaste en las últimas semanas por las dudas sobre su política de memoria y derechos humanos, un asunto muy sensible en el que Argentina ha sido en los últimos años un modelo mundial. En medio de fuertes críticas por unas declaraciones de Macri en las que decía que no tenía “ni idea” de si habían sido 9 mil o 30 mil los desaparecidos, un juez decretó la prisión domicialiaria -cumplir el resto de la condena en su casa- para Miguel Echecolatz, uno de los más crueles genocidas argentinos, condenado a cuatro cadenas perpetuas por delitos de lesa humanidad y genocidio durante la última dictadura (1976-1983) y sospechoso de ordenar la muerte del único desaparecido durante la democracia, Julio López, cuyo rastro se perdió después de declarar en un juicio contra el genocida.
En ese ambiente de gran tensión, el Gobierno niega que haya habido ningún cambio de política y ahora ha decidido dar un paso para desmentir esas críticas: según explica Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de Macri, en conversación, el Ejecutivo no apelará la decisión del juez, porque cree que jurídicamente no es correcto hacerlo al no ser parte en la fase en la que se decide la prisión domiciliaria, pero sí presentará hoy o mañana un recurso dentro de la causa contra Echecolatz en la que explicará que entiende que las pericias presentadas no avalan la concesión de la prisión domiciliaria y reclama al juez
que la revise.
