Prevén 12 millones de pobres extras

Ciudad de México.

En una investigación desarrollada en conjunto con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se sostiene que este aumento masivo de la precariedad económica puede evitarse con la implementación de cinco programas que tendrían un costo de 159 mil millones de pesos, que representan apenas el 0.66 por ciento del PIB.

México, pese a ser la segunda economía de Latinoamérica, indicó Székely, es el país de la región que menos acciones de amortiguamiento ha anunciado.

Székely, quien fue subsecretario de Sedesol (2002-2006) y subsecretario de la SEP (2006-2010), elaboró un estudio para determinar cuál será la población afectada y qué medidas se pueden adoptar para aminorar el efecto.

Según el trabajo "Magnitud del Impacto social del COVID-19 en México, y alternativas para amortiguarlo", auspiciado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), considerando una caída del 8 por ciento del PIB, el número de personas en pobreza extrema crecería de 20.2 a 26.8 millones y el de pobreza moderada, de 25.5 a más de 31 millones.

La primera acción es otorgar un salario mínimo durante tres meses, 11 mil 238 pesos por persona, a los trabajadores por cuenta propia registrados ante el SAT, con un costo fiscal de 92 mil 150 millones de pesos y que beneficiaría a 4.68 millones.

La segunda plantea recalendarizar los pagos de ISR al SAT y las cuotas al IMSS e ISSSTE de abril, mayo y junio para los trabajadores formales y beneficiaría a 3.34 millones de personas, 

La tercera, el otorgamiento de un seguro de desempleo - una transferencia de dos salarios mínimos por tres meses, 22 mil 475 pesos por persona -, tendría un costo fiscal de 41 mil millones de pesos y ayudaría a 2.35 millones.

La cuarta acción es duplicar por tres meses los apoyos sociales a 1.73 millones de mexicanos, lo cual requeriría 25 mil 860 millones de pesos

La quinta son los préstamos que el IMSS ya implementó.