Presentarán controversia contra Congreso tamaulipeco
Marzo 26, 2021 -
Se da porque se modificó las reglas para la decisión final sobre el desafuero del gobernador
La Cámara de Diputados aprobó interponer una controversia constitucional contra la homologación del proceso de desafuero emitida por el Congreso de Tamaulipas. La LXIV Legislatura pedirá la suspensión inmediata del acuerdo legislativo estatal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La demanda señala que el procedimiento de homologación viola artículos 14, 341, 49, 111, 116, 124 y 133 de la Constitución Política Mexicana y, en segundo plano, afecta los derechos del imputado, que en este momento es el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que enfrenta un juicio de declaración de procedencia.
El 2 de marzo, el Congreso estatal aprobó el reglamento del proceso de declaratoria de procedencia presentado y aprobado “fast track” por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN). Con dicho acuerdo, que ya fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, se impide el retiro del fuero a diputados locales, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y/o el gobernador de Tamaulipas, sin un proceso de revisión de pruebas, elaboración de un dictamen y votación en Pleno en un período de 60 días.
En la sesión del jueves 25 de marzo se discutió el proyecto durante una hora. La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Dulce Sauri, dio la palabra a una o un representante de cada grupo parlamentario. Todos, excepto el PAN y el PRD, apoyaron la controversia contra el Poder Legislativo estatal.
“El proyecto de controversia constitucional pretende en realidad impugnar una atribución soberana de la entidad federativa, aseguró el legislador Juan Rivera en tribuna. En respuesta, el diputado de Morena, Rubén Cayetano dijo: “Con esa acción el Congreso local intenta otorgar al gobernador una garantía de impunidad”.
Más de la sección
El proyecto de controversia fue aprobado con 285 legisladores y legisladoras a favor, 46 abstenciones y 77 en contra.
El proyecto de controversia constitucional argumenta que la declaración de procedencia que en su momento determine la Cámara de Diputados se remitirá a la legislatura local “únicamente para que ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del órgano jurisdiccional respectivo, sin que sea necesario un nuevo pronunciamiento”.