Ponen a Brasil en venta con la ‘doctrina Guedes’

El gobierno brasileño quiere venderlo todo. No es una licencia periodística ni un intento de enganchar al lector: son palabras literales del zar económico de Jair Bolsonaro, el ultraliberal Paulo Guedes, y del propio secretario general de Privatizaciones, Salim Mattar, una figura cuya mera existencia es una declaración de intenciones. Más allá de la retórica, ya se han puesto manos a la obra, demostrando que van con todo en un plan privatizador iniciado en tiempos de Michel Temer, pero que ha ganado fuerza con el nacionalpopulista en el poder. El objetivo autofijado de recaudar 20.000 millones de dólares (17.860 millones de euros) en 2019 a través de la venta, parcial o total, de paquetes accionariales en empresas o activos titularidad del Estado se ha quedado corto: hasta finales de septiembre, las autoridades brasileñas se habían desecho de participaciones en compañías por más de 19.000 millones, había licitado infraestructuras por 6.000 millones y subastado derechos de exploración de materias primas —sobre todo, petróleo— por 12.000 millones. Aunque con más trabas de lo que le habría gustado a la nueva Administración, en el último trimestre del año —un periodo para el cual aún no hay datos disponibles— la cifra ha seguido engordando.

El argumentario para la venta de los activos públicos que quedan en manos del Estado descansa en dos pilares. El primero, fiscal: hacen falta más ingresos para reequilibrar las cuentas públicas y aminorar una deuda que se acerca peligrosamente al 80% del PIB. El segundo, el que más pesa, puramente ideológico: Guedes, fiel a la doctrina de la Escuela de Chicago, está plenamente abonado a la idea de que el sector privado es, por definición, mejor gestor que el Estado y esgrime que la venta de activos públicos disminuirá la corrupción. Las ansias privatizadoras, nacen, en boca del propio superministro de Economía, de la “disfuncionalidad” de las propias empresas públicas de la que culpabilizan al PT de Luiz Inácio Lula da Silva.

En el horizonte del mandatario ultraderechista emerge un objetivo: obtener más de 320.000 millones de dólares en privatizaciones y subastas de infraestructuras —de pozos petroleros a carreteras, aeropuertos y puertos— durante su mandato.