Polemizan en Brasil por edad penal

En el Congreso son muchos los legisladores que apoyan la iniciativa, buscando endurecer el código penal y reestablecer la portación de armas por los civiles con el fin de fortalecer la seguridad. Foto: Tomada de internet

Río de Janeiro

Pese a las críticas de numerosos especialistas, que sostienen que este tipo de medidas no conducen a una disminución de criminalidad, la Presidencia de la Cámara de Diputados decidió crear una comisión especial para analizar el asunto, mayoritariamente compuesta por parlamentarios favorables a la iniciativa.

Ahora, el grupo tiene tres meses para llegar a una conclusión y, de recibir la luz vede, pasará a las dos cámaras legislativas, donde debe reunir el 60 por ciento de los votos para ser aprobada definitivamente.

"Se trata de una propuesta que data de 1993 y que había quedado olvidada, pero ahora que hay muchos legisladores conservadores y hasta reaccionarios, decidieron desempolvarla como parte de la disputa de poder entre el Congreso y el Ejecutivo. En vez de garantizar una mayor protección de los menores, se avanza en una propuesta que viola la propia Constitución", señaló a REFORMA la defensora pública Eufrasia María Souza, de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Derechos del Niño y del Adolescente.

En efecto, la Constitución brasileña de 1988, en su artículo 228, resalta que los menores de 18 años son inimputables penalmente. Hasta esa edad, los infractores de la ley deben ser tratados de acuerdo con el Estatuto del Niño y del Adolescente, de 1990, que establece como castigo medidas socioeducativas, que van desde las amonestaciones verbales y los trabajos comunitarios hasta la internación en institutos de menores.

La internación, que puede extenderse por un plazo máximo de tres años, está prevista sólo para actos de amenaza grave o violencia (hurto, robo, violación u homicidio), o cuando el infractor es reincidente, o si no ha cumplido el castigo anteriormente impuesto.

"Pese a lo que se quiere hacer creer, las estadísticas nacionales muestran que los adolescentes representan poco menos de uno por ciento de los autores de crímenes, y sin embargo son más del 37 por ciento de las víctimas de homicidios en Brasil", advirtió Souza.

Sin embargo, en el Congreso, son muchos los legisladores que apoyan la iniciativa, presentada por la llamada "bancada de la bala", ex militares y ex policías que buscan endurecer el código penal y reestablecer la libre portación de armas por parte de civiles con el fin de fortalecer la seguridad.

"La sociedad brasileña ve cómo el crimen organizado atrae a menores para la práctica de crímenes bárbaros. Adolescentes de 12 a 16 años son utilizados como fachadas de estas organizaciones. Vemos a adolescentes de 17 años robar o matar y al año siguiente quedan en libertad como si nada. Es una situación absurda", resaltó el diputado Alberto Fraga, ex policía militar y miembro del derechista partido Demócratas (DEM).

Su postura fue respaldada por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien aunque pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) en la coalición gubernamental, está en abierto enfrentamiento con la Presidenta Dilma Rousseff por la distribución de cargos desde que comenzó su segundo mandato, el 1 de enero.

Liderados por Cunha, varios sectores del PMDB se oponen también al ambicioso programa de ajuste que impulsa Rousseff para poner las cuentas públicas en orden y recuperar el crecimiento económico.

"Peor que no deliberar es esconder el debate", indicó Cunha al defender la creación de la comisión especial para analizar la edad de imputabilidad penal.

"Esta es una demanda de la sociedad y no debemos evitar el debate. Personalmente, estoy a favor de la propuesta, pero eso no significa que vaya a ser o no aprobada".

Cunha se refería a la encuesta de Datafolha del mes pasado que reveló que el 87 por ciento de los brasileños está a favor de reducir la edad penal de 18 a 16 años. Se trata de la cifra más alta desde que se realizan estos estudios de opinión.

De cualquier manera, la Presidenta Rousseff ya reiteró que está totalmente en contra de la reducción.

"El lugar de los niños y niñas es la escuela. Basta de impunidad para aquellos que utilizan a niños y adolescentes para cometer crímenes. En el Gobierno defendemos que la pena sea aumentada para los adultos que usan a los menores como escudo dentro de una organización criminal", afirmó.

A ella se le sumaron esta semana ocho políticos que fueron ministros de Derechos Humanos de los gobiernos anteriores de Luiz Inácio Lula da Silva y de Fernando Henrique Cardoso, así como el actual, Pepe Vargas, quien resaltó esta inédita posición conjunta.

"Es irresponsable hacerle creer a la población que la inseguridad pública será disminuida poniendo a adolescentes en el sistema penitenciario de adultos", subrayó el grupo en un documento.

Según datos oficiales, hay en estos momentos unos 32 mil adolescentes internados en institutos de rehabilitación socioeducativa para menores en todo Brasil. Y las cárceles brasileñas tienen una población de 563 mil 723 reclusos, unos 200 mil más que la capacidad de las instalaciones.

"El sistema penitenciario brasileño ya está fallido, y lo único que se lograría encerrando allí a menores es que sean abusados y que sean reclutados por los grupos criminales que actúan al interior de las prisiones", advirtió la defensora pública Souza, quien llamó la atención que detrás de muchos integrantes de la "bancada de la bala" en el Congreso hay políticos que promueven la privatización de cárceles, y por lo tanto tendrían un interés económico en que aumente la población tras las rejas.

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