Planes de reforma judicial, un retroceso: especialistas

CIUDAD DE MÉXICO.

Especialistas en Derecho Constitucional manifestaron su preocupación ante las propuestas de iniciativas de reformas al sistema penal y al Poder Judicial —que circularon de manera informal en el Senado y que fueron desconocidas por los legisladores—, pues afirman que significan un retroceso y vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos.

El jueves pasado, el gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR) anunciaron, durante una reunión en la sede Cámara Alta, que el próximo 1 de febrero presentarían un paquete de nueve iniciativas de reformas al sector. 

En el encuentro, aunque se esperaba la presentación formal de las iniciativas, no se entregó formalmente ningún documento al Senado. Un día antes circularon entre legisladores borradores de las propuestas que al final del día nadie se atribuyó, pero tampoco desmintieron.

Julio Jiménez, doctor en Derecho e investigador de la Universidad La Salle, consideró que las propuestas conocidas vulneran la presunción de inocencia y generan un escenario de invasión de facultades del Poder Judicial de la Federación.

En entrevista con EL UNIVERSAL explicó que la posible desaparición de la invalidez de las pruebas obtenidas de manera ilícita, como puede ser a través de la tortura o el espionaje, es un tema preocupante para el principio de presunción de inocencia y representaría un gran retroceso para la investigación y la administración de justicia.

"Estaríamos vulnerando principios fundamentales que están fundados en la firma y ratificación de acuerdos internacionales donde México y el Poder Ejecutivo estarían generando una discrepancia constitucional afectando gravemente al Estado de derecho y a nuestro marco constitucional", indicó.

Afirmó que las modificaciones propuestas al juicio de amparo reflejan la intención del Ejecutivo federal de someter a los ciudadanos que buscan generar contrapesos en el Poder Judicial mediante esta vía de control contra decisiones que toma.

"El juicio de amparo pretenden someterlo y limitarlo a condiciones que vulneran el principio de justicia, igualdad, debido proceso, presunción de inocencia y de una justicia igualitaria, pronta y expedita, donde el juicio de amparo ya no podrá ser promovido ni garantizada la suspensión provisional, ya que el juicio de amparo, a criterio de la autoridad, podría ser incluso en perjuicio del promovente, del abogado litigante y a que estén en riesgo incluso su ejercicio profesional y sus derechos fundamentales", explicó.

El constitucionalista aseveró que con la pretensión de que el Senado se encargue de enjuiciar a jueces y magistrados cuando incurran en responsabilidad administrativa, es tanto como borrar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). "Es una invasión del poder fáctico, un acto de autoritarismo gubernamental sometiendo al único contrapeso que este gobierno tiene y que es el Poder Judicial", apuntó.

Por ello, advirtió que se espera que el Poder Judicial participe, defienda su autonomía y que no permita la aprobación de una reforma de este tipo, "en lo obscurito". 

Raúl Mejía, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y ex secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), opinó que es grave la participación del fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz, en la creación de un proyecto que en lugar de buscar consolidar a la institución como organismo autónomo y al sistema penal acusatorio, se dedique a desarticularlo.

"Las condiciones regresivas en cuestión de derechos, por parte de estos textos, son súper preocupantes", dijo el investigador.

Destacó que en lugar de buscar una regresión se debe trabajar con las reformas en una consolidación de lo positivo que se ha logrado en los últimos 12 años, como parte de la transición de un sistema inquisitivo a uno acusatorio.

El jurista señaló que pareciera que existe una descoordinación total por parte de las instancias encargadas de la eventual reforma. "Dentro de lo que circuló y se filtró, hay cosas inaceptables convencionalmente en el sentido de regresividad de derechos humanos, inaceptables, de estar regresando a condiciones previas a la transición democrática de justicia", enfatizó.

La abogada Catalina Pérez Correa, constitucionalista e investigadora del CIDE, detalló que las reformas son contrarias al camino que se había buscado en los últimos tres sexenios para tener un mayor control judicial sobre las actuaciones del Ministerio Público, las policías y las personas que están a cargo de los centros judiciales.

Expuso que con esta reforma se revierte la tendencia que se había iniciado en 2008 y se están abriendo las puertas a violaciones a los derechos humanos y a que las autoridades actúen de manera discrecional. 

Cuestionó la independencia del Poder Legislativo en la eventual aprobación de esta reforma puesto que, indicó, busca ayudar al presidente López Obrador a resolver los problemas que enfrenta, pero con ello se está actuando de una manera irresponsable y peligrosa. 

"No sabemos quién va a ser Presidente en las próximas elecciones, están dando esta amplitud de discrecionalidad y posibilidades de utilizar el poder de forma arbitraria, lo que es muy peligroso e irresponsable por parte de los legisladores. Hoy ellos confían en el Presidente y en que el Ejecutivo no va a usar de forma indebida estos poderes, pero las leyes no pueden estar hechas para una persona, sino para cualquiera que llegue a ocupar esos cargos", dijo.

"Están abriendo el camino a que haya más arbitrariedad y discrecionalidad", señaló.

Karina Ansolabehere, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, manifestó que si bien el sistema de justicia penal tiene serias deficiencias, éstas no son atribuibles al sistema acusatorio, el cual entró plenamente en vigencia hace tres años, dichas reformas buscaban poner en el centro los derechos humanos de los imputados y las víctimas para encontrar una verdad jurídica y resolver crímenes.

"Estamos viviendo un retroceso que nos lleva a un sistema más orientado a fabricar culpables porque no tenemos certeza de los procedimientos. Estamos dándole más poder y discrecionalidad a un sistema que es muy inefectivo con un récord muy grave de violaciones a los derechos humanos.