Piden que FGR indague irregularidades en plan de jóvenes

CIUDAD DE MÉXICO

A la STPS se le pide transparentar el número de empresas dadas de baja y los servidores públicos sancionados por la comisión de irregularidades con el programa prioritario. Además, se le demanda que dé a conocer las acciones emprendidas para solventar y prevenir esas irregularidades, entre ellas desvío de recursos, retención de apoyos, uso inadecuado de información personal y sobornos a los aprendices. REFORMA publicó que en Linares, Lucio Zurita, ex empleado de la Coordinación de Desarrollo Económico municipal, se coludió con dueños de negocios para ofrecer supuestos empleos a jóvenes, obtener sus datos personales y, sin su consentimiento, inscribirlos en la plataforma del programa y después cobrar las becas. En el punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria también se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a que realice una revisión integral a los recursos ejercidos por Jóvenes Construyendo el Futuro, a fin de corroborar su adecuado ejercicio y, en su caso, sancionar a los servidores públicos que, por acción u omisión, han provocado afectaciones a las arcas públicas federales.

También solicita al INE que dé seguimiento a las acciones desarrolladas por el programa, para prevenir su uso electoral en beneficio de los candidatos de Morena o del Presidente Andrés Manuel López Obrador. En el documento se recuerda que desde su inicio, en 2019, Jóvenes Construyendo el Futuro ha estado involucrado en la comisión de irregularidades que van desde moches, sobornos y extorsiones por parte de dueños o encargados de los centros de trabajo hacia los aprendices, hasta el incumplimiento de las reglas de operación, pues existen centros de capacitación que no acreditan capacidad laboral o procedencia legal, es decir, están en la clandestinidad. "Se trata de uno de los programas a lo que más recursos públicos se le han asignado y, por lo tanto, es emblemático de la presente Administración federal, lamentablemente, recientemente se ha identificado la operación de redes de corrupción, entre estos casos se encuentra el municipio de Linares y el área metropolitana de Monterrey en el estado de Nuevo León", se advierte. A pesar de conocer estas anomalías, se añade, la STPS poco ha hecho para solventarlas, lo que ha fomentado que el programa sea utilizado para fines distintos a los que le dieron origen, transgrediendo así sus objetivos y resultados.

Aunque en días pasados la dependencia admitió las irregularidades denunciadas, critica, no ha informado con amplitud las estrategias, políticas y protocolos de actuación que se instrumentarán para sancionarlas y prevenirlas. Los hechos denunciados, se expone en la propuesta, constituyen violaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley de Responsabilidades Administrativas de Nuevo León, lo que hace necesaria una investigación completa para corroborar las condiciones bajo las cuales operan los 2 mil 263 centros de trabajo y verificar las condiciones de los mil 875 aprendices registrados en el estado de Nuevo León. "Por los agravios generados se solicita la intervención coordinada tanto de la Secretaría de la Función Pública, de la Fiscalía General de la República y del Instituto Nacional Electoral para que se investiguen y sanciones los sucesos señalados, pero también se empleen mecanismos de seguimiento y monitoreo, ya que por sus características puede ser usado en el proceso electoral para beneficiar a candidato cercanos al titular del Ejecutivo federal o del partido Morena".