Perdonan su transa por norma caducada
Mayo 10, 2021 - 08:40 a.m.
Jorge Humberto López Portillo Basave, ex director de Exportadora de Sal (ESSA) y quien fue acusado por un quebranto de 100 millones de pesos por la supuesta venta ilegal de 300 mil toneladas de salmuera, libró la inhabilitación administrativa que enfrentaba
Cd. de México, México
El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió que la inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) fue ilegal, ya que la impuso con base en una norma que aún no estaba publicada ni vigente al momento de dictar la sanción. Esto significa que al funcionario lo sancionaron con un manual que no estaba vigente ni publicado oficialmente. El tribunal se refiere a la disposición novena, fracción I, del Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de ESSA, el cual no se publicó en el Diario Oficial de la Federación antes de que López Portillo Basave fuera inhabilitado.
"Es evidente que dicha disposición vista desde la perspectiva sancionatoria es inconstitucional, ya que vulnera el principio de seguridad jurídica del ahí recurrente", dijo el colegiado, al concederle el amparo al ex directivo. El criterio aplicado por el colegiado se basa en una resolución dictada en septiembre pasado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció que es obligatorio publicar este tipo de manuales en órganos oficiales para que pueda exigirse su cumplimiento a los servidores públicos.
En la sanción cancelada, el nieto del ex Presidente José López Portillo fue acusado de firmar el 3 de enero de 2014 un contrato sin aval del Consejo de Administración de ESSA, el cual otorgó a la empresa Pacsys el derecho exclusivo para comprarle por tiempo indefinido 300 millones de toneladas cúbicas de salmuera a la paraestatal. Pero el colegiado estableció que, además del citado manual, que no estaba publicado, la sanción tampoco tenía algún otro asidero legal. Contra López Portillo Basave se giraron cuatro órdenes de aprehensión por delitos relacionados con contratos en ESSA, además de que la SFP le impuso otras sanciones como una inhabilitación de 10 años y una multa con más de 6 millones 400 mil pesos.