Peña aún puede ser juzgado por sobornos

Los multimillonarios sobornos de la empresa Odebrecht a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, se canalizaron a campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre ellas la de Enrique Peña Nieto para la Presidencia de la República, quien aún puede ser imputado por el delito de cohecho, afirma el exfiscal electoral Santiago Nieto Castillo.

“Por cohecho, aún hoy, es posible impu-tarle responsabilidad a Peña Nieto”, escribe el actual jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su libro Sin filias ni fobias: Memorias de un fiscal incómodo.

En el libro, editado por Grijalbo, Nieto Castillo revela pormenores de la investigación que realizó sobre los sobornos de Odebrecht que involucran a Peña y Lozoya, razón por la cual fue destituido en 2017 como titular de Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

“A pesar de que estos procesos ya han salido casi por completo del radar de la justicia, la situación podría cambiar con la alternancia en el poder federal”, advierte el funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Peña Nieto pasará a la historia como el presidente más corrupto de la era moderna de México. Reivindicó a (José) López Portillo, a (Luis) Echeverría y hasta a (Miguel) Alemán”, acusa, lapidario, el exfiscal, quien afirma que, aun cuando los delitos electorales en la campaña de 2012 ya prescribieron, es importante acreditarlos para que queden en la historia de México.

“Acreditar que Peña Nieto recibió recursos ilícitos durante su campaña abriría un boquete monumental a la legitimidad de su gobierno de cara a la historia del país. Valdría la pena intentarlo, dado el daño que su gobierno infligió a las instituciones de la transición democrática. La FEPADE debía, a mi juicio, investigar y acreditar las transferencias a la campaña electoral de 2012, y señalar que no se podía sancionar por haber prescrito los delitos, pero que éstos habían existido, y que la elección de Peña Nieto por tanto no había sido del todo legal.”

También deben investigarse, plantea, los delitos cometidos por el PRI en las elecciones locales de 2014, 2015 y 2016 que presuntamente siguen vigentes.

“Esta investigación no ha prescrito. En caso de acreditarse las transferencias monetarias a esas campañas, el probable delito prescribiría en 2026. Por eso les importa tanto a los políticos involucrados que esta indagatoria no llegue a buen puerto. Es más, que no llegue a ningún puerto.”

Y tras afirmar que el involucramiento de Peña, Lozoya y otros políticos de México y de otros países en los sobornos de Odebrecht revela las dimensiones de lo que esta empresa y su manera sucia de operar en América Latina pusieron en juego en el poder político de la región, señala que, en lugar de despedirlo como fiscal, se debió haber frenado la corrupción:

“Pero para Peña Nieto proteger a sus amigos era más importante que cumplir la ley. Yo le llamo ‘dinámica de clan’, tan ajena a la visión de Estado.”