Para las víctimas de la Línea 12, el ninguneo
Agosto 03, 2021 - 08:16 a.m.
Casi tres meses después de la tragedia de la Línea 12 del Metro, los abogados de 18 víctimas no han tenido acceso a las carpetas de investigación y a los dictámenes periciales del caso
CIUDAD DE MÉXICO
Además, en el proceso de identificación como víctimas ante esa institución, cuya obligación es procurar justicia, las personas lesionadas o que perdieron a un familiar por el colapso de una trabe metálica del tramo elevado cercano a la estación Olivos, han recibido tratos revictimizantes y se ha violado la garantía de respeto a sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
El pasado 20 de julio, Cristopher Estupiñán y Juan Antonio Medina, representantes de las víctimas e integrantes del despacho Carbino Legal, presentaron ante la FGJCDMX una solicitud escrita para reunirse con Godoy Ramos con el propósito de “tratar diversos aspectos relacionados con el estado que guardan las investigaciones relacionadas con el colapso de la Línea 12 del Metro de esta ciudad ocurrido el 3 de mayo de 2021, mismos que consideramos de gran trascendencia”, señala el documento. El caso está identificado en la carpeta de investigación FITLH/UAT-TLH-1/UI-1S/D/00631/05-2021.
Seis días después, el lunes 26, los abogados recibieron por correo la respuesta que los remitía a la Fiscalía de Investigación Territorial en Tláhuac. Eso sí, con carácter “urgente”. Ante la respuesta, el litigante duda: “Vamos a ver qué nos dice el coordinador de Tláhuac, pero no creemos que nos vaya a decir mucho, porque es un tema en que la decisión la va a tomar la fiscal, no un delegado de la Fiscalía de Tláhuac. No está a ese nivel”.
Revictimización
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La intención de los abogados de reunirse con la exdiputada local por el partido Morena, explica Estupiñán Martínez, es hacerle saber los obstáculos que han enfrentado con el Ministerio Público que lleva el caso.
De entrada, acusa, no les han dicho ni el nombre del funcionario encargado de la investigación. Además, les ha negado el acceso a la carpeta de investigación que contiene los hechos hasta ahora investigados, así como diversos dictámenes realizados, con el argumento de que “no tenemos derecho al mismo; lo cual, por supuesto, es inconstitucional”.