Pandemia restringió libertades en Nicaragua, dice Bachelet

MANAGUA.

Bachelet presentó al Consejo de Derechos Humanos una actualización oral sobre la situación en Nicaragua, en la que documentó “despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos progubernamentales a las reuniones pacíficas de los críticos del gobierno”.

“En Nicaragua, los opositores al gobierno, los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los líderes sociales y los exdetenidos políticos sufren violaciones sistemáticas de sus garantías fundamentales”, aseveró la exmandataria chilena.

Estas violaciones “se siguen registrando y son persistentes” desde febrero pasado, cuando la oficina de la Alta Comisionada presentó su última actualización oral sobre el país centroamericano.

Bachelet indicó que la emergencia sanitaria impuesta por la pandemia del coronavirus “ha dado lugar a mayores restricciones del espacio cívico y democrático” en Nicaragua, donde “el discurso oficial estigmatiza a las personas que critican la respuesta estatal o difunden información contradiciendo las fuentes oficiales”.

Destacó que la pandemia también ha incrementado la violencia contra las mujeres, particularmente los feminicidios. “Durante los cinco primeros meses de este año, organizaciones de la sociedad civil han registrado 32 feminicidios, mientras que en el mismo período del año pasado habrían registrado 27 casos”.

Bachelet cuestionó “la poca transparencia y falta de claridad” en las cifras oficiales sobre el COVID-19 en el país, donde “algunas medidas gubernamentales no se ajustan a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (...) y al menos 16 médicos habrían sido despedidos sin respetar los procedimientos legales, por criticar la respuesta estatal ante la pandemia”.

La alta comisionada advirtió que “la pandemia podría agravar la crisis económica que Nicaragua sufría desde abril de 2018 y que afecta los derechos económicos, sociales y culturales de los nicaragüenses, sobre todo de los más vulnerables”.

En este sentido, denunció haber recibido 43 denuncias de allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, “así como acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra individuos considerados opositores”.

“Aún no se conocen investigaciones o procesos penales para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en los últimos dos años, también debido a la Ley de Amnistía” que aprobó el gobierno, dijo.

“Esta persistente impunidad erosiona la confianza en las autoridades, y junto con la falta de reformas legales e institucionales, incrementa el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos”, subrayó Bachelet.

Expresó además su “preocupación” por la muerte de cuatro indígenas y la lesión de dos por ataques armados en el territorio Tuahka, en la Costa Caribe Norte, el 26 y 27 de marzo pasado, así como por los incidentes violentos en la isla de Ometepe —al sur— donde se reportaron dos civiles muertos y tres heridos el 19 y 20 de abril.

Bachelet saludó la excarcelación de 4.515 personas recluidas en cárceles del país, pero observó que “ninguno de los 86 ‘presos políticos’ registrados por sociedad civil al 4 de mayo de 2020 fue beneficiado”, por lo que instó a liberar “a todas las personas detenidas en el contexto de las protestas durante los últimos dos años”.

La revuelta social que estalló en abril de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega fue sofocada con violencia por la policía y fuerzas paramilitares, con un saldo de 328 muertos, 2.000 heridos y más de 700 detenidos, así como unos 80.000 desplazados y exiliados, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).