Nuevo León y la convulsión del Tribunal

Para Azucena Uresti; a los compañeros de El Universal, Milenio y Televisa, amenazados por criminales que han desplazado al Estado.

La elección de nuevos gobernadores en 15 estados impone a las autoridades electorales, en particular al tribunal federal en la materia (TEPJF), desafíos enormes en casos como los de Nuevo León o San Luis Potosí, donde la profusión de dinero irregular resultó patente; Michoacán y Guerrero, con notables irregularidades, o Campeche, con un empate entre los dos principales contendientes.

El escenario de una o más anulaciones está a la vista. La tensión que obligó ayer al retiro de la presidencia del tribunal de José Luis Vargas y, antes, al estrafalario "presidente" Reyes Rodríguez Mondragón puede explicarse no como un contraste con la gravedad del momento, sino quizá como una causa de éste. Como aprendices de brujos, los actores políticos —fuera y dentro de la administración López Obrador— están buscando que los jueces diriman en el terreno jurídico lo que ellos no pudieron conciliar en el político, ni siquiera con los poderosos resortes del gobierno.

Un caso emblemático es Nuevo León, donde el virtual gobernador electo es Samuel García, postulado por Movimiento Ciudadano, colocado en ese sitio actual gracias a una compleja trama empresarial y financiera sobre la que se acumulan señalamientos de evasión y uso de recursos de origen ilícito. 

El pasado martes le expuse en este espacio la participación de empresas cercanas al gobernador de Jalisco —Enrique Alfaro, también de MC— en gastos multimillonarios para crear cuentas falsas desde las que se manipuló información. A raíz de esas indagatorias ha quedado en evidencia la paradoja de que algunas de esas compañías cobijadas por un adversario del presidente López Obrador, colaboraron en el triunfo electoral del tabasqueño en 2018, y siguen siendo utilizadas por sectores clave de la 4T.

Es necesario no perder de vista el caso de Samuel García porque puede marcar el precedente de la compra de una gubernatura a partir de una compleja urdimbre de operaciones tejida desde la segunda mitad del gobierno Peña Nieto y lo que ha caminado la actual administración, a la vista de las autoridades fiscales y de procuración de justicia, sin que nadie haya hecho nada para impedirlo.

De acuerdo con lo recabado por este espacio, las áreas de inteligencia gubernamental cuentan con una radiografía de un entramado de más de 30 personas vinculadas con operaciones