No hay muerto malo

La opinión pública está volcada a favor de Santiago Nieto. El 64% de las menciones en las redes sociales, según la empresa GLAC, piden que sea restituido como fiscal para delitos electorales. Tras cinco días de haber sido cesado por violar la secrecía de las investigaciones sobre el presunto financiamiento de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, y afectar los derechos humanos del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, a través de quien presuntamente se canalizó ese recurso, Nieto es visto como una víctima del poder, que lo destituyó por enfrentársele.

Tiene como apoyo la indignación nacional y la fuerza de la opinión pública para que sea reinstalado en su cargo. En el balance, le ha ido muy bien al exfiscal, que abrazado por la cólera mexicana, se le ha perdonado su deshonestidad.

Describir al ex fiscal como un tramposo, no es un juicio de valor. Su lucha para que el Senado lo restituya, encierra más que un deseo por regresar a su cargo, y desnuda en dónde estamos parados. La ley no nos importa. Nos interesan los ajustes de cuentas. Si alguien socava el estado de Derecho para hacer una justicia que se acomode a nuestros intereses y ponga bálsamo a nuestras frustraciones, lo arropamos, lo apoyamos y lo apuntalamos para que derrote a nuestro enemigo común. Nieto ha jugado con estos ideales justicieros, donde la justicia es sólo un pretexto.

Su acto supremo fue la carta que envió el lunes al presidente del Senado, Ernesto Cordero, donde le pide que esa cámara lo restituya en el cargo. El párrafo relevante es el segundo, donde señala: “Con fecha del 20 de octubre de 2017, el C. Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, me notificó personalmente la remoción con efectos inmediatos de Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales…en términos del artículo décimo octavo transitorio… que también establece que el Senado de la República podrá objetar la remoción… dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la fiscalía será restituido en el ejercicio de sus funciones”.

Hay dos elementos falsos en este párrafo, que por su conocimiento de las leyes, las normas jerárquicas y los procedimientos, llevan a pensar, objetivamente, que Nieto quiso engañar a la opinión pública y embaucar a los senadores.

Por un lado, se refiere a Elías Beltrán como “encargado de despacho”, lo que jurídicamente es incorrecto. El actual subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, ocupa el cargo como procurador suplente, con las “facultades necesarias” para remover al titular de la fiscalía, “sin mediar causa o gravedad de ella que conlleven a dicha remoción”.

Nieto se arropó en el primer párrafo del décimo octavo transitorio y en la parte final del tercero, del cual omitió las tres primeras líneas, que dicen: “Los titulares de las fiscalías nombrados en términos del presente transitorio durarán en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2018, sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente por el procurador general”.

El impacto de la carta expuso el desgaste del gobierno en cuanto a credibilidad y legitimidad, pero sobre todo, desnudó la carencia de una cultura jurídica en el país. La ley no importa, sino que lo trascendente es que se haya eliminado a quien veían como un funcionario autónomo que era capaz de enfrentarse a los intereses del gobierno. Esa es la imagen proyectada en la opinión pública por Nieto, construida a partir de un elemento, la investigación contra Lozoya en el contexto del caso Odebrecht.

Es irrelevante que durante su gestión de poco más de dos años y medio, hubiera violado de manera sistemática los derechos humanos de indiciados en investigaciones, porque lo importante no era salvaguardar sus garantías, sino su obligación a difundir información de interés público. El precepto tan anhelado y presumido de que todos son inocentes hasta que se les demuestre su culpabilidad, ha sido anulado por la politización del caso y la victimización de quien aunque fuera por las mejores razones, violó la ley.

No hay espacio para la legalidad cuando el ajuste coincide con el imaginario colectivo. El análisis de GLAC sobre las redes sociales es contundente. Entre el 15 y el 22 de octubre, cuando las redes sociales procesaron la entrevista que concedió a Reforma donde mintió al afirmar que Lozoya le había pedido en una carta que lo exonerara de todos los delitos relacionados con el caso Odebrecht que provocó su dimisión, se dieron 24 mil 341 menciones sobre su cese, de las cuales el 64% eran positivas para Nieto, contra el 33% de negativos. El tema polarizó a la sociedad política, que rechazó la acción del gobierno dos por uno.

El dinamismo en las redes sociales, particularmente en Twitter, que tuvo en los portales de los medios su catalizador y magnificador, obligó al Senado a tomar posición, donde una ligera mayoría se inclinaba el martes por su restitución. La legalidad con la que actuó Elías Beltrán ha sido ignorada por la mayoría, así como también hizo de lado que Nieto violó la ley.

La discusión no es sobre leyes, ni estado de Derecho. Es política inmersa en el conflicto. Frente a la pobreza en cultura jurídica, está la intensidad del debate en la arena pública, donde frente al poderoso, la víctima, por más inmoral que haya sido su conducta, es a quien hay que defender. No hay muerto malo, dice el dicho. La sociedad política grita, en la defensa de Nieto, que es cierto.

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