El extraño enemigo

Cuando al interior del país, los funcionarios huehuenches hacen las cuentas del gran capitán y aseguran que, gracias a las reforma estructurales, el país marcha como una tabla de balsa sobre un mar de aceite, de fuera llegan los baldes de agua fría que ponen un espejo frente a los aborígenes. México sigue perdiendo competitividad de manera acelerada, cayendo a niveles harto preocupantes para su tamaño.

La nota principal en varios medios que se ocupan de asuntos económicos, fue que, de acuerdo al último diagnóstico del World Competitiveness Center, recién publicado, 

México cayó tres posiciones en el Índice Mundial de Competitividad, por cuarta ocasión consecutiva, para situarse en el lugar número 48, de entre 63 naciones evaluadas. Vale decir que, apenas en el 2013, estaba ubicado en el lugar número 32.

Los parámetros de evaluación que utiliza el WCC, son 340, agrupados en los 4 pilares de la competitividad: Desempeño Económico, Eficiencia del Gobierno, Eficiencia de los Negocios y Eficiencia de la infraestructura. Los resultados obtenidos para México son diferentes, pues en algunos aspectos tiene resultados aceptables; pero, en otros, se va hasta el fondo, con niveles que se explican fácilmente por los efectos que se derivan de la corrupción, la impunidad y la falta de atención de las autoridades a los problemas.

Los peores lugares los ocupó en educación, infraestructura y comercio exterior, casi en las últimas posiciones. También se fue hasta abajo en Transparencia (lugar 60), Tasa de Homicidios y Corrupción (59). Tuvo buena nota en empleo, seguridad social y políticas del Banco de México. El resumen resulta desfavorable de manera bastante definitiva.

En la parte que corresponde a las recomendaciones de los expertos para mejorar la competitividad, no hay mucha diferencia con respecto de los criterios que han venido manejando quienes muestran preocupación por los grandes desaciertos que se ven en la conducción de los asuntos del país. Señalan que: “La necesidad de que México acelere el crecimiento de su Producto Interno Bruto a ritmo del 3 o 4 por ciento a través de estimular el crecimiento del mercado interno con la idea innovadora de ‘mercados mexicanos para productos mexicanos’, y mejore el ambiente de negocios con una buena regulación de la competencia y mayor justicia”. ¡Que haya estado de derecho, nomás!

Llama la atención que ‘el extraño enemigo’ que viene a indigestar a los funcionarios del Anáhuac, califique bien el desempeño del Banco de México, que ha subido las tasas de interés hasta un 6.75 por ciento en menos de año y medio; pues con ello se desincentiva el mercado de consumo interno, premiando más la usura; pero, seguramente saben algo que al interior no se tiene contemplado. Con respecto al combate a la corrupción, no hay forma alguna de diferir con el organismo internacional; es el cáncer que corroe la patria.

Al respecto, la OCDE ha emitido recomendaciones que sirven de guía para mejorar la competitividad utilizando las nuevas tecnologías para la mejora regulatoria tanto en la administración pública como en el ámbito de los negocios. Inclusive, con el apoyo de organismo afines, publica frecuentemente manuales y guías, como la OCDE (2012), Guía para mejorar la calidad regulatoria de trámites estatales y municipales e impulsar la competitividad de México, OECD Publishing.

En sus conclusiones señala que: “Un marco regulatorio que facilite la actividad empresarial en la economía formal y no imponga costos desproporcionados o innecesarios a los emprendedores es fundamental para el logro de la competitividad. La regulación de alta calidad en un nivel de gobierno puede verse afectada por políticas y prácticas regulatorias deficientes en otros niveles, impactando de manera negativa en el desempeño de las economías y en las actividades empresariales y de los ciudadanos. Los gobiernos estatales y municipales tienen un papel muy importante en la regulación de las actividades económicas para proteger el interés público (salud, medio ambiente, etc.), pero al mismo tiempo deben evitar obstaculizar la apertura y el crecimiento de las empresas, en particular de las PyME, que no cuentan con los recursos para solventar los costos administrativos generados por una regulación excesiva y trámites complicados”.