Navidad ominosa

El joven periodista veracruzano Gumaro Pérez Aguilando, de 34 años, fue ejecutado a sangre fría el pasado martes 19 mientras observaba a su pequeño hijo de seis años participar en el festival navideño de su escuela primaria Rafael Aguirre Cinta, ubicada en Acayucan, Veracruz. Pérez era un periodista muy respetado en la zona que cubría la fuente policiaca.

Con este nuevo asesinato México empata con Siria, nación inmersa en una brutal guerra civil, con la mayor cantidad de periodistas asesinados, 12, durante 2017, de acuerdo con la organización internacional con sede en París Reporteros Sin Fronteras (véase: https://rsf.org/es).

El mismo martes 19, el polémico youtuber Juan Luis Lagunas Rosales, de unos 25 años, fue asesinado por un comando que irrumpió en un bar de Zapopan, Jalisco, donde Lagunas convivía con sus amigos. Unos días antes de su muerte, el joven había publicado un video crítico de los líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

El mensaje queda perfectamente claro. Quien manda en Veracruz, en Jalisco, y en todo el país, son los delincuentes. También es evidente que estos delincuentes no sólo se encuentran en la sociedad, sino también dentro de las mismas oficinas gubernamentales responsables de garantizar la seguridad pública y la procuración de justicia. Nuestras instituciones públicas están totalmente colapsadas e infiltradas.

Pero el verdadero origen del problema de la violencia y la impunidad se encuentra en las autoridades electorales. Quienes generan las condiciones para que los sicarios de a pie puedan cometer tantos imperdonables actos de barbarie son los malandros de saco y corbata.

Apenas un día antes de las ejecuciones de Pérez y Lagunas, el lunes 18, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) nombró a un exsubordinado de José Antonio Meade, Lizandro Núñez Picazo, como el nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. Ello apenas unos días después de que Meade había nombrado a Aurelio Nuño como su coordinador de campaña.

Se sabe que cuando fungía como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, entre 2012 y 2015, Nuño fue pieza fundamental en las negociaciones partidistas para lograr la llegada de su amigo Lorenzo Córdova a la presidencia del INE. Todo parece indicar que el consejero presidente ahora le devuelve el favor al coordinador de campaña, colocando a un funcionario dócil listo para hacerse de la vista gorda frente a los enormes flujos de dinero ilegal que seguramente lubricarán las campañas priistas.

Recordemos que la Comisión Monex de la Cámara de Diputados reveló que Peña Nieto rebasó más de 14 veces el tope de gasto de campaña en 2012. Altos funcionarios de la empresa trasnacional Odebrecht también han revelado, en declaraciones juradas dadas a conocer por la prensa, que trabajaron con Emilio Lozoya para aceitar la campaña de Peña Nieto con 4 millones de dólares. Y Carmen Aristegui ha divulgado el llamativo vínculo entre el financiamiento a las tarjetas Monex e importantes operadores del Cártel de Juárez, también durante 2012 (véase: http://bit.ly/2BnfcCT).

Asimismo, la prensa nacional ha informado sobre la probable triangulación de millones de pesos desde la Secretaría de Hacienda, cuando la encabezaba Luis Videgaray, a las campañas políticas del PRI en Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas durante 2016. De acuerdo con las declaraciones de Jaime Herrera, secretario de Hacienda en el gobierno de César Duarte, divulgadas por el periódico Reforma, el desfalco al erario alcanzó la cantidad de 250 millones de pesos solamente en ese estado. El mecanismo utilizado para ello habría consistido en compras simuladas de “cursos de capacitación educativa” inexistentes para canalizar los recursos públicos al PRI.

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