Jueces a sueldo de Cabeza de Vaca

Desde el Congreso de la Unión, el presidente de la Cámara de Diputados, SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, lanzó una advertencia que no puede tomarse a la ligera: existe una cofradía de jueces y magistrados corruptos en Tamaulipas que han operado como red de protección para el exgobernador prófugo FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.
Y no es una acusación política, es una denuncia con nombre, apellidos y expedientes, una denuncia que revela cómo el sistema judicial fue capturado para servir a intereses personales y no al Estado de derecho. El caso de Cabeza de Vaca es paradigmático. Durante su gobierno — y aún después de dejarlo — logró mantener una escolta de casi 40 elementos pagada con dinero público. Un privilegio inadmisible. Cuando se intentó retirársela, los jueces FAUSTINO GUTIÉRREZ PÉREZ y JUAN FERNANDO ALVARADO LÓPEZ intervinieron con amparos que lo protegieron. No defendieron derechos humanos ni libertades civiles: blindaron a un político con señalamientos graves, incluido su actual estatus de prófugo de la justicia.
Pero esto va más allá de dos jueces, el presidente del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, MAURICIO FERNÁNDEZ DE LA MORA, también ha sido señalado por su papel en esta red. Y Peor aún: la jueza CARMEN ÁVILA, esposa del juez jubilado Gutiérrez Pérez, fue designada como sustituta del juez suspendido. Una red familiar, institucional y política que no busca justicia, sino que busca impunidad. Esta situación exhibe la dimensión real de lo que está en juego con la reforma al Poder Judicial. No se trata de un cambio técnico o una simple reorganización, se trata de romper con un modelo donde los jueces actúan como abogados personales de los poderosos, donde la justicia se negocia y donde la impunidad se firma en papel membretado. Lo que denunció SERGIO GUTIÉRREZ LUNA desde la Cámara de Diputados, debe marcar un antes y un después. Ya no basta con suspensiones administrativas ni con exhortos simbólicos. La ciudadanía exige acción: destituciones, procesos penales y una limpieza real del aparato judicial. La reforma judicial es la oportunidad para poner fin a esta farsa y también la última llamada para rescatar a la justicia de quienes la han convertido en su negocio privado.
Por otro lado, la violencia que se registró este pasado martes y el miércoles por nuestra madreada, paralizada y peligrosa Reynosa nos vuelve a decir que este asunto de la seguridad pública está prácticamente en manos de la delincuencia, todo está en que tengan sentimientos las bandas delincuenciales para que sin freno alguno se anden ajustando las cuentas. Por lo mismo, resulta desmoralizante ver que las estadísticas no hacen más que maquillar la realidad. En el caso de Reynosa todavía está más grave porque aparte de ser la ciudad de Tamaulipas en donde la gente siente que hay más inseguridad, encima nos cae una cruda realidad como la que vivimos la noche de este pasado martes y la tarde del miércoles.
Se sabe que OMAR GARCÍA HARFUCH, la esperanza de México para recuperar la paz social, anda bien atareado por estos meses allá por el Pacífico, y no obstante la nutrida presencia de soldados y Guardia Nacional, aún así los malandracos se agarran por las calles y carreteras de Sinaloa como si no existiera quien aplique la ley.Por ello, García Harfuch va a prolongar la estadía por aquella región, lo que a la vez es motivo de preocupación por Tamaulipas, altiva y heroica. La creencia generalizada era qué tan pronto se recuperara la paz por aquella región del Pacifico, García Harfuch y sus muchachos se vendrían destapados rumbo a nuestro estado, creencia que deriva de la buena relación que tiene el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA con la esperanza de México. Desafortunadamente, la estancia del secretario de Seguridad Pública federal allá por Sinaloa se va a prolongar, lo que pone sobre el tapete de las discusiones la impostergable decisión de aplicar el llamado de Excepción, el cual significa suspender algunas garantías individuales a cambio de después recuperar la tranquilidad. Si el Gobierno federal practica una encuesta, soy de los que creen que la respuesta mayoritaria será en favor de aplicar un estado de Excepción, lo mismo por Sinaloa que por Jalisco, Guerrero, Michoacán, Veracruz, y no se diga por Tamaulipas y Nuevo León. No incluyo a Coahuila porque en la mayor parte de las ciudades, y no se diga las importantes – Saltillo y Torreón --, viven en medio de tranquilidad. Entonces, que pregunten al gobernador de allá cómo le hizo para restaurar la paz social. Si él pudo, por qué no podrán también AMÉRICO VILLARREAL y SAMUEL GARCÍA, el que por cierto, sin ningún comedimiento, cada vez que hay asaltos por la carretera Monterrey a Reynosa recomienda a los neoleoneses que mejor se vayan por la carretera a Anáhuac cuando quieran visitar Texas. Una salida fácil y, por lo mismo, irresponsable; porque si tan picudo es ya debiera meter orden por las carreteras de Monterrey a Nuevo Laredo y a Reynosa. En pocas palabras, y es triste reconocerlo, pero la seguridad está en manos de la delincuencia.
Y por el mundo de la política las aguas como que se aquietaron por nuestra ciudad, más eso no quiere decir que los 300 latosos ya dieron por muerta su petición de que el Congreso del Estado le revoque, mediante juicio político, el cargo de presidente municipal a CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ.
Y si bien es cierto que en el palacio legislativo hasta el día de ayer HUMBERTO PRIETO HERRERA, el presidente de la Junta de Coordinación Política no tenía sobre su escritorio una petición por escrito sobre ese tema, LETICIA LARIOS, una de las activistas del movimiento para revocarle el cargo al Makito, manifestó por las redes sociales que ya está en la FiscalÍa Anticorrupción una denuncia debidamente firmada y toda la cosa, y por toda la cosa se refiere a pruebas, para que llamen a cuentas a KARLA LUNA, que cobra como regidora y al alimón despacha los asuntos de comunicación social, así como de la Jefa de la oficina del Presidente Municipal, MARICELA GONZÁLEZ para que respondan o expliquen, más bien, como está el asunto ese de que a un portal informativo de 10 seguidores le autorizaron un convenio por 300 mil pesos mensuales. Y, o una de dos, o les vieron la cara a las susodichas funcionarias o se trata solamente de una mascarada para hacerse de billetes sin que aparezcan sus nombres. Y asegura LETY LARIOS que de ahí seguirán ahondando investigaciones en otras dependencias municipales, en donde dicen que cantan espléndidamente las rancheras, que el asunto de los 300 mil pesos viene siendo una baba de perico. Están tan seguros de que esto va a caminar, al grado de que estarían dispuestos a reconocer públicamente la habilidad del Makito si no terminan también ajustándole las tuercas. Sé que me dirán mis lectores que este tema está muy sobado, pero carajo, no hay día en que no afloren trastupijes y los han estado cometiendo guiados por la idea de que no va a pasar nada. Así se la han llevado desde el año 2016. Veremos si como dicen en el rancho, a cada capillita le llega su turno, y al palacio municipal de Reynosa todavía no, o están muy blindados o, hay pactos con quienes practican la brujería, que son los que bajo sus conjuros les han dado total protección a los Makicolas.
Y por hoy, BASTA.
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