Inteligencia para la seguridad
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señala la necesidad de actuar contra los cárteles de la droga, y en términos muy recientes lo ha hecho contra el denominado "Cártel de los Soles". Ha advertido también acciones en otras naciones donde hay relevante presencia de grupos dedicados al tráfico de estupefacientes, entre estas México.
Cuando hablamos de narcotráfico, además de pensar en la gran importancia que tiene ese sensible tema para nuestro país —porque aquí producimos, comercializamos y utilizamos todo tipo de drogas, tanto básicas como de diseño—, estamos al tanto de lo que ocurre, y es un tema recurrente en la región.
Desde hace varias décadas se menciona la producción y venta de drogas en diversas zonas del continente americano, desde mariguana, cocaína, metanfetaminas, derivado de opio, y en años más recientes las drogas de diseño, entre las que destaca el fentanilo. A estas actividades se dedican los cárteles del crimen organizado, cuyos nombres, por cierto, son por todos conocidos.
Abarcan territorios desde el norte hasta Centroamérica, las Antillas y buena parte del sur del continente. Participan diversos grupos delincuenciales que obtienen grandes cantidades de dinero. Hablamos de cárteles de primer nivel que van abriendo camino a otras agrupaciones que hoy se cuentan por decenas y centenas, y los podemos identificar en diversas zonas.
En México, tenemos conocimiento desde hace tiempo sobre la existencia y operación a gran escala, de grupos criminales, y ante ello nos hacemos la pregunta, ¿Qué resultados concretos se han obtenido? ¿Qué logros existen en la lucha contra ellos?
México atraviesa una situación crítica de seguridad en relación con esas agrupaciones. En las dos últimas décadas, las acciones gubernamentales emprendidas en nuestro país no han funcionado debidamente y las estructuras criminales que aquí operan continúan su evolución. Se exige en consecuencia que la acción policial sea indispensable. Debe ser proactiva, y no solo reaccionar ante lo observado con resultados inciertos.
¿Qué nos ha impedido la implementación efectiva de la inteligencia para enfrentar la inseguridad en el país? Primero, la desconfianza institucional que se traduce en uno de los desafíos más críticos, por la vulnerabilidad y la corrupción dentro de las instituciones. Segundo, la efectiva ubicación de organizaciones criminales que siguen actuando e incrementando su capacidad económica, situación que conlleva severos riesgos para las instituciones y la seguridad.
Debemos reconocer la persistencia del recelo que se observa en las propias fuerzas armadas, que les impide compartir operaciones y resultados con las policías municipales, estatales, la Guardia Nacional, y qué decir, con las agencias extranjeras.
No observamos coordinación, ni intercambio de datos, ni el establecimiento de procesos para compartir institucionalmente la inteligencia y propiciar un eficiente combate a la inseguridad.
Infortunadamente, y a diferencia de países con servicios de inteligencia muy estructurados, México se reinventa cada sexenio. Cada nueva administración tiende a modificar los cuerpos policiales existentes para integrar nuevos con diferentes denominaciones y con carencia de procesos y seguimientos.
El tema de inteligencia policial es altamente complejo. Hay que transitar hacia una política de Estado y no del gobierno en turno. Debemos blindar las acciones de inteligencia de cualquier movimiento político.
Para ello se hace indispensable que las policías locales y municipales se robustezcan; que se consoliden las áreas de inteligencia. Las fuerzas federales de inteligencia deben convertirse en la célula central y estratégica de operación, contención o mitigación y coordinación de daños.
Podemos asegurar que, hasta el sexenio anterior, sabiendo la diversidad de grupos institucionales con áreas dedicadas a la inteligencia, y en conjunto los miles de personas dedicadas a estas acciones distribuidas en toda la República, no vemos los resultados elementales para enfrentar a la delincuencia organizada, por el contrario, esos grupos han crecido día con día, en detrimento de la seguridad que el Estado mexicano está obligado a brindar a toda la sociedad y a todas las comunidades.
