Alrededor de las vías del tren
El 28 de abril de 2023, la Secretaría de Marina detuvo con violencia a un grupo de mujeres de la comunidad ayuujk por bloquear las vías del ferrocarril interoceánico que se encontraba en rehabilitación para el paso de la línea Z. La que abarca del puerto de Salina Cruz en el Pacífico al puerto de Coatzacoalcos en el Atlántico.
Sus razones: la defensa de sus tierras, su modo de vida, su cultura y su entorno natural frente a un proyecto que pretende transformar bosques y selvas en paisaje industrial. Al abandono histórico se suma el daño provocado por las obras de este megaproyecto impulsado por Andrés Manuel López Obrador que conectará al Pacífico con el Atlántico a través del Istmo de Tehuantepec. Comunidades de los pueblos ayuujk (mixe) y binnizá (zapoteco) expresaron su inconformidad desde 2019. La rehabilitación de 260 kilómetros de vías a cargo de la Marina vino acompañada del despojo de tierras, engaños, consultas a modo, militarización (más de 2 mil marinos en el territorio) y violencia. A todo esto se suma el crimen organizado.
"Cuando nos detuvieron los militares, aunque somos mujeres, fuimos golpeadas, se nos trató como si fuéramos peligrosas, criminales (...)", le dijo Elizabeth Martínez a Diana Manzo, del medio "Desinformémonos".
Como a Elizabeth, son miles a quienes les ha cambiado la vida. Informan que hay 24 personas de las comunidades de Mogoñé Viejo, en San Juan Guichicovi y Rincón Viejo, en Matías Romero, con órdenes de aprehensión "por delitos de invasión de propiedad" impulsadas por representantes del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec CIIT) y del Proyecto Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. La violencia contra activistas, sobre todo mujeres y hombres ayuujk y binnizá, en Oaxaca, ha cobrado la vida de 32 personas en tres años.
Un accidente con la muerte de 13 personas y 98 heridos es un duro rostro de la negligencia (la Auditoría Superior de la Federación advirtió desde 2019 problemas técnicos graves en el proyecto). El más cruel: el rostro de las niñas Elena Solórzano Cruz, de seis años, y el de Luisa Camina Serrano, de 15. Viajaban con sus familias para irse de vacaciones a Coatzacoalcos. Un periodista oaxaqueño con su esposa, un matrimonio de misioneros que traían ayuda para comunidades necesitadas, desde Chihuahua... Gente con historia, con familia, con futuro, deja alrededor de los rieles una estela de dolor que ha de acompañarse junto con el clamor de justicia. Intento imaginarme cómo cada uno de los 240 pasajeros se subió a ese tren y cómo bajaron una hora después. ¿Reparación del daño? No hay dinero ni discurso que alcance.
Los pueblos han narrado las condiciones en las que se han defendido de este megaproyecto en medios como EL UNIVERSAL, Desinformémonos, Proceso... Otros poderes los han silenciado. Según el informe Alas y Raíces (2025) presentado por cuatro colectivos oaxaqueños, en lo que va del gobierno de Salomón Jara en Oaxaca suman ya 114 agresiones (homicidio, ejecución extrajudicial o desaparición forzada); 44 a nivel individual y 70 contra grupos, colectivos o movimientos sociales. En el Istmo de Tehuantepec, la zona más golpeada por la violencia contra defensores, el 50% de las agresiones se relacionan con el CIIT.
Según el informe Misión Civil, de 2021 a 2024 se registraron tres homicidios, 72 ataques y 226 agresiones diversas (intimidación, hostigamiento, amenazas, golpes) a personas defensoras del territorio, los derechos humanos y periodistas. El 92% de las víctimas pertenecen a pueblos indígenas.
