2024: elefante en el cuarto

Hace unos días, el magistrado Felipe de la Mata expresó en una conferencia, sus inquietudes y propuestas frente a la creciente influencia del crimen organizado en el resultado de los procesos electorales. En un foro organizado por esta casa editorial, los magistrados afines alertaron sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para evitar que sea el crimen organizado quien decida el futuro de México. El que las autoridades electorales verbalicen el drama que vulnera desde hace años el ejercicio de derechos políticos en el país es buena noticia. 

No lo es el hecho de que, ante la imposibilidad de una reforma electoral, que tendría que ser progresiva y no regresiva como se ha propuesto, el posible éxito de una elección dependa de la instalación de casillas y del conteo de votos sin considerar que esto se haga bajo amenaza y sin garantías de libertad.

Desde siempre, las autoridades electorales han dicho que ellos no son ni Ministerio Público ni instancia de seguridad. Por ello, la coordinación con otras autoridades como fiscalías, instancias de seguridad, Servicio de Administración Tributaria y fuerzas armadas ha sido clave. También lo ha sido el acompañamiento ciudadano y la adopción de medidas de transparencia proactiva en la generación de protocolos y el diseño de estrategias contra la intervención abierta de grupos criminales.

Sin un Estado de Derecho vigente y con la opacidad creciente en materia de fiscalización, será muy difícil acreditar en un expediente, para hacer valer la ley, las amenazas a candidatos que desisten de la competencia electoral, el financiamiento ilícito de campañas electorales, el posible secuestro de urnas y personas el día de la jornada electoral y un largo etcétera que amenazan la paz del país.

Con las herramientas vigentes, no se necesitan hacer nuevos mapas de riesgo, aunque sí divulgar ampliamente los datos que son públicos y están a la vista de todos. Tampoco se necesitan denuncias anónimas sino más bien romper la omertá que existe entre gobiernos locales y criminales. Si el órgano electoral nacional y los partidos políticos cumplen con la ley y hacen pública la información sobre el uso de recursos públicos y si la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales hace su trabajo, tal vez, se limite la impunidad en la que se vive hoy.

Desde hace décadas existe en el país un movimiento social por la paz que ha sido traicionado y ninguneado desde el poder. Sería un despropósito que, con tal de curarse en salud, las autoridades electorales repitan esta receta. (Investigadora de la UdG).