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Obligan a declarar en Monterrey a subprocurador anticorrupción

Tras incumplir dos citas, el subprocurador anticorrupción, Ernesto Canales, fue obligado ayer a declarar aquí sobre la acusación de fraude de 6 millones de dólares, que le formuló en la Ciudad de México su ex clienta, Paola Cusi.

Monterrey, N. L.

Comparece. Ernesto Canales, subprocurador anticorrupción.Obligan a declarar en Monterrey a subprocurador anticorrupción

El procurador de Justicia nuevoleonés, Bernardo González Garza, confirmó que recibieron una solicitud de colaboración de la Procuraduría capitalina, para la comparecencia del funcionario, en esta ciudad.

Aseguró que la diligencia tiene relación con una averiguación previa, a raíz de la acusación de Cusi.

González Garza dijo desconocer los motivos que tuvo el subprocurador para no acudir a la capital a declarar.

Trascendió extraoficialmente que alegó no haber sido notificado en tiempo y forma.

Por su parte, la Procuraduría capitalina dio a conocer que envió las citas mediante un servicio de mensajería.

A su vez, el procurador nuevoleonés aclaró que desde el pasado viernes, la unidad estatal encargada de atender exhortos, notificó al subprocurador de la comparecencia, programada a las 17:00 horas de ayer.

Reveló que una vez recabada la declaración a Ernesto Canales, “se regresará la colaboración a la Ciudad de México para que dicha Procuraduría termine la indagatoria correspondiente”.

Canales negó apropiarse ilegalmente de los seis millones de dólares, correspondientes a la pensión de su ex clienta, Paola Cusi, viuda del ex magnate de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo.

No obstante, al ser citado en su momento en el Congreso del Estado, el subprocurador aceptó que recibió esa suma, pero a manera de otros “servicios”, en el mismo juicio.  

Cabe señalar que Ernesto Canales es encargado en Nuevo León de combatir casos de corrupción de ex funcionarios y servidores públicos en activo.

Los procesos más relevantes que maneja, son los del ex gobernador priista del Estado, Rodrigo Medina y coacusados.

En el Gobierno estatal independiente lo han mantenido en el cargo, bajo el argumento de que no ha sido vinculado aún a proceso penal.




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