Víctimas denuncian abandono del gobierno de Sheinbaum a un año del colapso en la Línea 12

CIUDAD DE MÉXICO

En tanto, este lunes fue diferida la tercera audiencia del caso -luego de que las dos primeras fueron suspendidas-, en la que se imputaron responsabilidades en contra 10 exfuncionarios públicos señalados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) como presuntos responsables de los delitos de homicidio y lesiones culposas y daño a la propiedad.

Hasta el momento no hay ninguna persona en la cárcel, ni ninguna empresa sancionada por la muerte de 26 personas y las lesiones a más de 100 por la caída del tren, que el lunes 3 de mayo del 2021 circulaba por el tramo elevado cercano a la estación Olivos y que, a las 10:22 pm, se desplomó.

En cambio, Carso Infraestructura y Construcción SA (CICSA), del magnate Carlos Slim y encargada de construir y, ahora, rehabilitar la línea en su tramo elevado, se adelantó y ya logró 116 acuerdos reparatorios con víctimas –según cifras del gobierno capitalino-, a cambio de que no la denuncien penalmente.

Al olvido de Sheinbaum

El pasado miércoles 27, Gabriel López, estudiante de Medicina lesionado, recibió el aviso verbal de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi) ya no le pagaría la otra mitad del tratamiento odontológico que necesita y que lleva en un servicio particular –por un costo de un millón de pesos-, porque en la red de salud pública del gobierno de la CDMX no tienen la especialidad requerida.

El argumento fue que ya había firmado un acuerdo reparatorio y que ello “me daba la posibilidad de pagar yo mismo mi tratamiento”. Aunque se reserva a confirmar si firmó o no, subraya que ello es independiente de la obligación legal del gobierno de atenderlo hasta que recupere su salud. Peor aún, Gabriel acusa que le condicionaron la continuación del pago, solo si firma la indemnización del Metro, a la cual se ha negado hasta que termine su tratamiento.

El jueves 28 se reunió con la comisionada interina de la Ceavi, Alejandra Morales, “pero la respuesta fue la misma: que ya no me pueden seguir pagando mi tratamiento, que firme el pago de la póliza del Metro, que lo invierta y de ahí pague porque ellos no pueden hacer más por mí”. Ese es un acto “revictimización secundaria”, acusa y advierte: “Una cosa es que sea pobre, pero no soy tonto. Hay a quienes les siguen pagando su tratamiento. No me voy a dejar. No se van a librar de mí ni de mis abogados”.

A Sheinbaum le pide “que se hagan las gestiones necesarias porque esto no es un negocio de ‘si me das, te doy’. Es su responsabilidad, ellos lo tienen que resolver”. A un año del hecho, siente impotencia: “Yo estoy aquí platicando, no me quedé en el camino, salí y me estoy recuperando, pero hay gente que ya no está. Por eso lucho, para que el gobierno haga lo que tiene que hacer. Somos personas igual que ellos, si tienen cargo político o no, no los hace superiores”.

Desde que ocurrió el colapso en la Línea 12, Sheinbaum Pardo ordenó que cada víctima tuviera un servidor público como enlace para ayudarle a hacer trámites y atender cualquier necesidad que tuviera. Pero para Sergio Santiago, padre de un niño de 4 años, ese apoyo ya no existe. “Mi enlace renunció a su trabajo y ni siquiera por educación me dio la cara ni me dijo ‘sabes qué, ya no trabajo ahí, busca quién te ayude’. Dicen que están al pendiente de nosotros y yo ya ni tengo a nadie”.

De acuerdo con su testimonio, varias veces, al solicitar ayuda para ir a terapias o comprar medicinas, el enlace le dijo: “para eso te dieron la indemnización del Metro”. Cuando intentó denunciar en la Ceavi el condicionamiento de mantener los apoyos a cambio de firmar un acuerdo reparatorio, le respondieron: “da gracias que te estamos dando las rehabilitaciones”.

Peor aún, un día, de camino a las oficinas centrales del STC, el taxi por aplicación que le enviaron chocó. “Lo único que me dijeron fue ‘ahorita te damos un bolillo para el susto’. Cuando regresé a Rehabilitación y me volvieron a revisar, me dijeron ‘lo que habías ganado lo volviste a perder’”.

Tras pasar saliva, asegura que a él ninguna autoridad lo ha buscado para llegar a un acuerdo. Y reprocha que la FGJ local debería buscar a las víctimas y llegar a la justicia con una reparación justa. “No es que no queramos la reparación, es que nadie se acercó con nosotros. Es una mentira que digan que el 80% de las víctimas lo aceptaron. ¿pero qué víctimas?”.

Y cuestiona: “¿Yo por qué tendría que estar buscando a la Fiscalía?, ¿por qué tendría que estar pendiente a lo que ellos quisieran brindarnos? ¡Si yo no tiré el Metro! Por eso buscamos que no se repita, pero nos han tratado como si nosotros hubiéramos tirado el Metro”.

Adriana Galván llora cuando recuerda que, por los golpes que sufrió al caer el convoy, ya no podrá trabajar en el aseo en la casa de sus patrones. “Me dijeron que estaría sana en un mes y medio; ya va a ser el año y no me alivio y es peor porque ya tengo la diabetes”, lamenta.

Antes de diciembre le retiraron a su enlace. “Nomás ya no se presentó”. Y aunque reconoce que una funcionaria de la Ceavi “a veces” le ayuda con transporte para ir a sus terapias en el INR. “A veces dice que se le olvida y que yo lo pagué de mi bolsa, pero, ¿yo de dónde? Le dí una lista de las fechas de todas mis citas y ni así”, lamenta.

Con sus más de 60 años y dependiente de una de sus nietas hasta para bañarse, pide a Sheinbaum “que se tiente el corazón, que por favor ya no se burle de nosotros y ya nos tome en cuenta”.

Otra víctima, quien pidió anonimato por temor a represalias, comenta que su enlace “ya ni siquiera me contesta el teléfono” y se quedó sin apoyo para continuar yendo a sus terapias por lesiones en el brazo que lo mantienen sin poder ir a trabajar.

Burocracia indolente

En otro caso, familiares de una madre soltera fallecida aquella noche han hecho malabares para mantener a los tres hijos de ésta con una sola pensión de jubilación, pues no ha podido cobrar los apoyos iniciales otorgados por el gobierno local ni la indemnización del seguro del Metro.

La razón: la Ceavi inició un juicio de guarda y custodia de los menores y, un año después, pese a la particularidad del caso, aún no hay sentencia y el dinero está congelado. Peor aún, por la cantidad de trámites que deben hacer, tuvieron que mudarse del Estado de México a la capital.

Nancy Ramírez sufrió dos fracturas en la cadera y un esguince cervical. Debido a la gravedad de sus lesiones, en el Hospital de Xoco no la querían operar; pero  en la carpeta de investigación de la FGJCDMX, sus lesiones están catalogadas como “medianas”. Un año después, usa bastón para andar a medias, no puede subir escalones ni cargar pesado. En su servicio de seguridad social ya le reconocieron las secuelas y le asignaron una pensión mensual de dos mil pesos.

“En ningún momento me hicieron un peritaje para hacer la clasificación de lesión. A la Fiscalía se le ha olvidado actualizar y ver que nuestra situación no es como la que  dicen. Me dijeron que mi lesión tardaba de 15 a 60 días en sanar. Llevo casi el año y me acaban de decir que tengo otra lesión en la columna vertebral, por eso digo que mi lesión no es mediana y pido que la reclasifiquen”, explica.

Y reprocha a la Fiscalía capitalina: “Dicen ‘faltan tantos lesionados por firmar’. Yo pregunto ¿por qué no se acercan con nosotros para saber por qué no hemos firmado?... Yo sigo estando con lesión mediana, cuando no lo es. Si la investigación es para hacer justicia y con derecho, ¿por qué no se pone en la carpeta de investigación lo que es correcto?”. Al final, cuestiona el porqué la Fiscalía que dirige Ernestina Godoy “da prioridad” a las empresas involucradas y a las víctimas “nos ignora”.

Atención “integral, personalizada y permanente”

Cuestionado por Proceso sobre estas denuncias, el gobierno capitalino asegura que la atención a las víctimas “ha sido integral y personalizada, de las cuales ninguna ha estado en desamparo”. En una tarjeta informativa añade que, “en todos los casos ha habido un acompañamiento permanente de un funcionario o enlace del gobierno de la Ciudad de México, que ha atendido todos los requerimientos de las víctimas”.

Según la autoridad, en el proceso judicial, 76% de las víctimas designaron como abogados a la Ceavi y la FGJCDMX; el resto tienen defensores privados. En tanto, 91% de las víctimas optaron por el proceso de justicia restaurativa y, hasta el 29 de abril, se han firmado 116 acuerdos reparatorios, por una suma acumulada de más de 300 millones de pesos.

En materia indemnizatoria, informa que la Ceavi erogó más de 5 millones de pesos para 239 apoyos emergentes, mientras que el STC gestionó ante la aseguradora contratada casi 45 millones de pesos para 129 familias. Como indemnización complementaria, la Ceavi autorizó dar un millón de pesos a cada núcleo familiar de las 26 víctimas fallecidas.

Y, respecto a la atención médica, dice que al principio 74 lesionados recibieron atención en el INR; actualmente  39 continúan ahí su tratamiento.