Sheinbaum niega persecución política contra Salinas Pliego

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego acudiera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar una supuesta "persecución política" por parte del gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó dichas acusaciones y aseguró que no existe violación alguna a derechos humanos, sino únicamente un requerimiento fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre Salinas Pliego?

Durante su conferencia en el Estado de México, la mandataria subrayó que el caso se limita al cumplimiento de obligaciones fiscales y que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió que los amparos promovidos no son válidos, por lo que deben acatarse las resoluciones emitidas por los tribunales correspondientes.

"Primero, no hay persecución política, no hay violación a ningún derecho humano, sino sencillamente un requerimiento del SAT, que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que es válido, que los amparos no son válidos y que la resolución de los tribunales en su momento es la que debe ser", afirmó Sheinbaum.

La presidenta detalló que el empresario ya fue notificado formalmente sobre el monto que debe cubrir y que existen plazos legales establecidos para que se cumpla con el pago.

Detalles del requerimiento fiscal del SAT a Salinas Pliego

Explicó que la resolución vigente es la del último tribunal colegiado, en la cual se fija un monto específico, mismo que puede modificarse conforme a lo que establece la ley fiscal.

Sheinbaum recordó que el Código Fiscal de la Federación permite a los contribuyentes acercarse al SAT para acordar esquemas de pago, incluso en parcialidades.

"Ellos tienen que acercarse al SAT y ahí establecer su pago; incluso pueden pagar no en una sola exhibición, sino en varias. Eso es lo que marca la ley", puntualizó.

Reacciones de la Suprema Corte sobre los amparos de Salinas Pliego

Finalmente, indicó que su administración está a la espera de que se cumplan los plazos legales establecidos para que las empresas involucradas regularicen su situación fiscal conforme a derecho.