Reorientan recursos a Escuela Es Nuestra

Había pasado un mes desde que el servidor de la nación y “facilitador” de programas sociales José Félix Bernardo de Jesús llegó a la comunidad de El Sitio Centro, ofreciendo recursos para realizar obras de mejora en la secundaria Tomás Alva Edison cuando, después de imponer condiciones, a la comunidad le robaron el dinero.

La situación se repite por todo el país y es tan grave que sólo con una muestra aleatoria realizada por la Auditoría Superior de la Federación, que revisó mil 187 millones de pesos, quedó en entredicho la mitad, es decir, el destino de 552 millones de pesos sólo por el ejercicio fiscal de 2020.

Creado en la actual administración, el LEEN es otro de los programas sociales que tiene por objetivo beneficiar escuelas “sin intermediarios”; su presupuesto en 2020, de 7 mil 250 millones de pesos, se redujo a la mitad en 2021 y ahora, para revitalizarlo, se anunció un incremento de 50%, así como la extinción, para fondearlo, del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, creado en 2007 con la idea de garantizar alimentación y facilitar jornadas de trabajo para padres de familia.

LEEN es operativamente responsabilidad de la Secretaría del Bienestar y consiste en entregas de recursos que los comités de padres deciden en qué obras gastar y supuestamente con quién. Es tan prioritario para la actual administración que la mexiquense Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, justificó la extinción de las escuelas de tiempo completo en la reorientación de recursos a este programa de infraestructura.

De hecho, la funcionaria consideró el pasado martes 1, durante una conferencia de prensa presidencial, que el malestar por la extinción de las escuelas de tiempo completo era por desconocimiento de los beneficios que se patentan en localidades apartadas del país.

Lejos de los discursos del Salón Tesorería de Palacio Nacional, en la escuela de El Sitio Centro sólo les quedaron los castillos de varilla expuestos para lo que sería techumbre de una cancha de basquetbol y las excavaciones en donde, el director del plantel, Jorge Rafael Ángeles, acusa: “Ya se me fue un niño”.

Al fondo de la escuela, un aula inconclusa es monumento al gasto inútil, obra gris por donde corretean algunos de los 126 adolescentes.

EN OBRA NEGRA

Lucía Antonio Maldonado y Raquel Antonio Martínez, madres de familia y vecinas de la localidad perteneciente a Villa Victoria, Estado de México, cumplieron, en julio de 2021, todos los requisitos que el “facilitador” Bernardo de Jesús les exigió: integrar un comité de padres de familia, excluir a profesores y al director y, finalmente, decidir la obra en asamblea que debía ser asignada al “ingeniero” Gerardo Vázquez Ponce, propietario de la constructora Servicios Vázquez, el hombre que ni era ingeniero y se le fue, en septiembre pasado, dejando la obra negra.

Raquel, la tesorera, desconfiaba pero, admite, sin experiencia ni conocimiento de procedimientos se confió con el resto del comité escolar a lo que el servidor de la nación les pidió. Una entrega en efectivo al constructor por 185 mil pesos, que apenas se les depositaron en una cuenta de Banco Azteca le entregaron en mano. Pero como Raquel y los padres de familia desconfiaban, grabaron en video y fotografías la entrega-recepción.

El imposible rastro del dinero

- En San Isidro, una comunidad purépecha de Los Reyes, Michoacán, dos paredes fueron erigidas en 2020. Apenas forman ángulos de lo que podría ser un aula, construcción sin avance desde marzo de 2020, cuando el servidor de la nación Emmanuel Uribe Ordóñez convenció al Comité de padres de familia de la telesecundaria de manejar él y sus especialistas en construcción los 200 mil pesos asignados por el programa LEEN. Apenas le dieron el dinero y desapareció

- La denuncia fue enviada a la superdelegación michoacana el 10 de febrero de 2021 y forma parte de un largo listado de quejas similares que se acumulan en la Secretaría del Bienestar desde 2019, sin que hasta ahora se hayan resuelto

- De hecho, en un informe enviado por el “superdelegado del estado de Morelos”, Raúl Anaya Rojas, el 24 de mayo de 2021, cuya copia tiene Proceso, se enlistan diferentes aspectos de gravedad por los problemas de comunicación entre instancias gubernamentales. Por ejemplo: en 77 escuelas cambiaron los comités de padres de familia, pero la Tesorería de la Federación depositó a quienes estaban registrados en los pasados comités, “poniendo en riesgo más de 24 millones de pesos”

- La situación fue identificada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que en su revisión a la cuenta pública 2020 vio los informes de 2 mil 588 expedientes de comités escolares beneficiados, encontrando que en 687 casos no se acreditaba la obra. Esto es más de la quinta parte de lo auditado e implica incertidumbre sobre el destino de 285 millones de pesos sólo por ese año y del universo revisado.